El pacto fiscal se ha planteado como una necesidad, no sólo para mejorar las recaudaciones, sino para sanear más el gasto. Pero con los resultados del pacto educativo y el aún no aplicado sobre el sector eléctrico, los acuerdos, que son constitucionales, no deben firmarse ni siquiera para salir de paso.

La vicepresidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Circe Almánzar, ha hecho una discutible observación al señalar que el pacto fiscal debe discutirse después que se aplique el eléctrico.

La dirigente empresarial entiende que se necesitan reformas para ampliar la base tributaria, pero está clara en que ningún pacto debe reducirse solo a la firma.

Aunque existen algunos obstáculos para la ejecución del pacto eléctrico parece sensato que el Gobierno no se involucre en la discusión de otro acuerdo que no se esté en capacidad de aplicar de inmediato.