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Los terceros de buena fe

Los terceros de buena fe

Namphi Rodríguez

Tras nuestra advertencia respecto de la posición de los terceros de buena fe en el proyecto de Ley de la Extinción de Dominio sancionado por el Senado, Nassef Perdomo y Cristóbal Rodríguez Gómez han escrito dos artículos sobre el tema que ameritan que se le preste atención.

Perdomo ha considerado que “para considerarse adquiriente de buena fe no sólo será necesario acudir a las instituciones de registro a verificar el estatus del inmueble, sino que deberá demostrar que el vendedor lo había adquirido lícitamente” (El Día, jul. 13, 2022).

De su lado, Rodríguez Gómez ha sostenido que “la idea del tercero adquiriente de buena fe a que se refiere el artículo 8 del Proyecto (…) vacía todo contenido práctico, pues el texto ahora comentado, de aprobarse, fundaría una presunción de mala fe que, en estado de latencia, rodearía como un manto de incertidumbre cualquier negocio jurídico de traslado de propiedad…(Diario Libre, jul. 13, 2022).

Según el artículo 8 del proyecto de ley, “los actos y contratos que versen sobre bienes a que se refiere el artículo 7 (nulidad ab initio o de origen) son nulos y en ningún caso podrán constituir justo título, sin perjuicio de los terceros adquirientes de buena fe”.

Pese a que el artículo 15 de la pieza proclama la presunción de buena fe, ese mismo texto la condiciona a “siempre y cuando el titular el titular del derecho proceda de manera diligente y prudente, exento de toda culpa”.
¿En qué consiste esa obligación de debida diligencia y prudencia?.

El proyecto abre una serie de interrogantes sin respuestas, como la disposición del artículo 16.8 que obliga al tercero a denunciar la ilicitud originaria ante la autoridad al momento de tomar conocimiento de ella.

Esto plantea la pregunta ¿qué tipo de buena fe debe acreditar? ¿Una buena fe simple, que se soporte en la conciencia recta y honesta que tiene el tercero de la cosa, o una buena fe calificada que demuestre que realizó averiguaciones más allá de los registros públicos?.

Aquí nos tropezamos con el otro cuestionamiento: ¿a quién corresponde la carga probatoria que acredite que al momento de adquirir el bien se desconocía que en su tradición había un ilícito? Esa hipótesis sólo interesa al tercero, de ahí que¿en su defensa, el afectado debe demostrar el origen lícito del bien, o, por el contrario, su condición de tercero exento de culpa?.

Esa obligación procesal se le impone bajo la letra del artículo 65.3 de la norma propuesta, al consignar que le corresponde al tercero aportar las pruebas que acrediten que en la adquisición del bien objeto de la acción de extinción de dominio ha actuado de buena fe.

Namphi Rodríguez

Namphi Rodríguez