El mismo día cuando el ministro de la Presidencia informó que 2024 inició con buen pie con la reducción del delito y la criminalidad, la prensa informó de cuatro muertos durante un incidente a tiros en La Vega y el robo en la residencia del superintendente de electricidad, en Santiago, donde los ladrones amordazaron a la familia y cargaron con millones de pesos en efectivo y prendas.

No es intención desmeritar la cifra ofrecida por el licenciado Joel Santos, que consigna una reducción de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, de 13.1 % al cierre de 2023, a 11.55 % durante este año, una disminución de 1.96 %, pero sí advertirle que esa noticia no disminuye la aprensión ciudadana sobre la inseguridad.

Esos datos fueron suministrados ayer durante la reunión semanal del Plan de Seguridad Ciudadana, donde se revisó el desempeño alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por la Policía, Dirección de Control de Drogas y Fuerzas Armadas, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República.

Durante 2024 se han incrementado los feminicidios u homicidios de género, los cuales no son incluidos en las estadísticas ofrecidas por el ministro de la Presidencia, porque son crímenes del entorno familiar y no del social, pero crímenes al fin que consternan a la población.

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Resulta muy difícil intentar aliviar la aterradora percepción que mortifica a la población con estadísticas frías, casi congeladas aunque pudieran ser ciertas, porque no ayudan a contrastar el día a día en las barriadas, calles y avenidas donde prevalece el temor de un homicidio, un asalto, un robo, una violación.

¿Cómo recibe la ciudadania la noticia de que desconocidos penetraron a la residencia de un alto funcionario, amordazaron a la familia y cargaron con todo lo de valor, incluido un automóvil? Esa impresión no se alivia con estadísticas, aunque en materia de delito y criminalidad el 2024 haya entrado con buen pie.

Quizás, y no se dice de mofa, la acción más efectiva para reducir el delito y la criminalidad ha sido “darle para abajo” a los presuntos delincuentes, pero esa es una receta ilegal o inconstitucional, tanto así que las autoridades no ofrecen cifras sobre los muertos en esas circunstancias.

En la situación social y económica en que que malviven poblaciones al otro lado de la verja de miseria, es muy probable que un niño nacido hoy, sin garantía de vivienda, alimentación, salud, escolaridad, empleo y recreación, no supere su primera juventud porque si se vincula a algún crimen o delito, el aparato represivo del Estado podría “darle para abajo”, a pesar de tan auspiciosas estadísticas.