La minería vuelve al centro del debate nacional. La reciente decisión de detener definitivamente el proyecto Romero, en San Juan, lejos de cerrar la discusión, ha colocado sobre la mesa una realidad que el país no puede seguir ignorando: la necesidad de encontrar un equilibrio minero que permita desarrollar una minería moderna, responsable y socialmente sostenible.

Durante su participación en el Desayuno del Listín Diario, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, sustentó con lucidez la importancia estratégica del sector minero para la economía dominicana, aunque dejó claro que ningún proyecto puede desarrollarse al margen de las preocupaciones ambientales y sociales de las comunidades.

El funcionario reconoció que la decisión adoptada en torno al proyecto de San Juan respondió al clamor popular y a las circunstancias generadas alrededor de la iniciativa. Sin embargo, también sostuvo que, desde el punto de vista técnico, el proceso debía concluir con estudios ambientales definitivos que permitieran determinar si la explotación minera era viable o no en la zona.

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Esa posición refleja precisamente el punto de equilibrio que necesita la República Dominicana: ni minería indiscriminada ni rechazo absoluto a una actividad que genera recursos esenciales para el desarrollo nacional.

Uno de los aspectos más relevantes de sus declaraciones fue la defensa de la minería sostenible como instrumento de diversificación económica. Santos recordó que las economías modernas y resilientes requieren múltiples motores productivos y explicó que la minería tiene un comportamiento “contra cíclico”, capaz de sostener ingresos y crecimiento en momentos de incertidumbre o desaceleración global.

Las cifras respaldan esa realidad. Según explicó el ministro, el sector generó RD$18,000 millones en 2024 y RD$45,000 millones en 2025, aun en medio de un escenario internacional complejo. Además, energía y minas concentraron cerca del 40% de la inversión extranjera durante el primer trimestre de 2026, mientras el sector registró un crecimiento de 7.7%, consolidándose como uno de los principales motores económicos del país.

Sin embargo, quizás el aspecto más trascendental del debate sea la reforma de la Ley Minera de 1971. El propio ministro admitió que la legislación actual quedó rezagada frente a las exigencias ambientales, tecnológicas y sociales de estos tiempos.

La nueva normativa buscaría fortalecer los controles ambientales, modernizar los procesos de aprobación y garantizar que una mayor parte de los beneficios económicos llegue directamente a las comunidades cercanas a los proyectos.

Ahí radica el verdadero desafío nacional: desarrollar una minería responsable, vigilada y transparente, donde las localidades reciban empleos, infraestructura y oportunidades reales de progreso.