El recurso de amparo elevado por 42 jueces para que se cumpla la ley que asigna un 2,66% del Presupuesto a la Suprema Corte de Justicia puede ser sólo la punta del iceberg de problemas mucho más complejos. Con todo y lo grave que en realidad pueda ser, sobre todo para un país tan mal visto en materia de transparencia y competitividad, que el Ejecutivo y el Congreso no cumplan con leyes especiales, pero tampoco se atrevan a derogarlas.

Desde las esferas del Gobierno, figuras tan influyentes como el asesor Industrial, Antonio Isa Conde, han planteado la necesidad de una reforma fiscal integral, (comenzando desde 2014 con el aumento de la presión tributaria de un 14 a un 16%), para que la Presidencia de la República pueda enfrentar los principales de los grandes problemas que afectan a la población. Parte de que el endeudamiento público y las leyes especiales limitan la capacidad de maniobra del Ejecutivo.

Sin embargo, de esas leyes la única que se ha respetado es la que consigna un 4% del Presupuesto para la educación preuniversitaria. Las que especializan recursos para el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Banco Central, los Ayuntamientos y otras entidades han sido permanentemente burladas por el Ejecutivo. El Congreso Nacional, que distribuye recursos millonarios entre sus funcionarios para fomentar el clientelismo y otras funciones que nada tienen que ver con la legislativa, no ha sido afectado, ni por asomo, en la asignación presupuestaria.

En cuanto al endeudamiento, que según el Banco Central representa el 45% del PIB, el Gobierno se ha decantado por esa política antes que exponerse al costo electoral que supone la racionalización del gasto. El zarandeado Presupuesto por 613 mil millones de pesos para el año entrante consigna alrededor de un 8% en el incremento del gasto, sobre todo de tipo corriente. Esa realidad por lo menos cuestiona otra reforma fiscal para aumentar las recaudaciones.

En un coloquio sobre las implicaciones del Presupuesto para 2014, el viceministro de Economía y director de Presupuesto, Luis Reyes, reveló que la presión fiscal de este año está por debajo de la que se tenía antes de la polémica reforma tributaria de diciembre de 2012. Tras señalar que a corto o mediano plazo la sociedad tendrá que definir cómo enfrentará el problema de las recaudaciones, no titubeó en señalar que sería una locura que el Gobierno se embarcara el próximo año en una reforma tributaria.

Las leyes especiales que no se cumplen ni el endeudamiento público que no se ha frenado pueden invocarse como razones para plantear una reforma tributaria. Si el Gobierno tiene problemas de recursos bien puede racionalizar gastos corrientes, excesos tan astronómicos e injustificados como los del Congreso y otras erogaciones. Hay entelequias cuya existencia se justifica en función del clientelismo que, para colmo, ni siquiera han respetado la austeridad decretada por el presidente de la República.