No se veía ningún signo e vulnerabilidad, pero tras el espaldarazo del presidente estadounidense Joe Biden a la lucha contra la corrupción la Procuraduría General de la República tiene más fuerza en la persecución de la defraudación de los fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y otras prácticas perniciosas. Si existía alguna duda sobre la determinación del Ministerio Público de llegar más allá de la cuerva en los escándalos, el mandatario norteamericano la acaba de despejar con el elogio al Gobierno en la batalla contra un mal que ha incidido en el escaso desarrrollo del país.

De la misma manera que el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, frenó las intenciones de Danilo Medina cuando ejercía el poder de modificar la Constitución para repostularse, de esa misma forma ha estimulado el comentario de Biden la persecución de la corrupción en un momento en que el PLD busca desacreditar las acciones judiciales bajo el calificativo de política. Aunque no parecía que la procuradora Miriam Germán se dejaría intimidar por la agresiva campaña opositora, tiene ahora más fuerza para profundizar las investigaciones sobre la depredación de fondos públicos tanto en el pasado como en el presente.

Hasta antes de la intervención de Biden había circulado la versión de que con las protestas contra la detención de influyentes exfuncionarios y dirigentes del PLD, la organización se adelantaba para obstruir o desacreditar investigaciones de escándalos de más envergadura. Se han citado al respecto las supuestas irregularidades con la compra de asfalto en el Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo, uno de los imputados en Calamar, y las visitas sorpresa del entonces presidente Medina.

Con todo y los deslices que ha tenido el presidente Biden no parece meramente espontáneo su espaldarazo a la lucha contra la corrupción en el marco de la actual coyuntura. El comentario del gobernante estadounidense representa un mensaje, así como también lo ha sido la sorpresiva cooperación con las autoridades dominicanas ofrecida por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, apenas unas cuantas horas después de salir a la luz el caso Calamar, que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, propietario de cuatro agencias de vehículos en la isla.

Pero por más significativo que resulte el elogio de Biden, el Ministerio Público sabe que no puede permitirse el lujo de presentar acusaciones en el aire, sin pruebas, contra ninguno de los imputados. Las debilidades con que se inició el proceso tienen que superarse para no dejar el menor cabo suelto sobre la seriedad de la saludable lucha contra la corrupción y la impunidad.