La Constitución define al Ministerio Público como el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de políticas contra la criminalidad, de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad, como también establece que la justicia se imparte por el Poder Judicial, en nombre del pueblo.

Fiscales y jueces albergan enorme responsabilidad en la prevención, persecución, sometimiento y sanción de crímenes y delitos, pero esas facultades no alcanzan para suplir el rol de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas a fortalecer el valladar contra el cohecho y la impunidad.

La corrupción en todas sus vertientes es un tipo de infracción penal que corresponde al Ministerio Público y a la Policía Judicial perseguir y traducir a los órganos jurisdiccionales de administración de justicia, pero Gobierno y Congreso tienen la obligación de mancomunar códigos, leyes y políticas que mitiguen ese flagelo.

Sin combatir el crimen en su raíz o médula, el Estado estaría compelido a construir más cárceles que escuelas y la democracia tendría que sostenerse en regímenes de fuerza que anularían el incipiente estado social de derecho, como ha ocurrido en otras naciones mercadeadas como ejemplos de seguridad y transparencia.

La mayoría de los grandes escándalos de corrupción, incluido el de Senasa, han aflorado en las mismas narices de los órganos de supervisión y control, cuyos incumbentes se limitan a colocar las manos sobre la cabeza o a justificar con argumentos baladíes crasa inobservancia que rayarían en la complicidad.
Sin precisar si la historia se repite como tragedia o comedia, el juez Roberto Sena impuso medidas de coerción consistentes en prisión preventiva por 18 meses contra siete encartados en el expediente Senasa, incluido a su exdirector, Santiago Hazim, y medidas menos gravosas contra otros implicados.

La multitud que el domingo en la noche se congregó frente al Palacio de Justicia cargó su irritación contra el Orden Judicial sin entender quizás que a los jueces solo se reclama que sus pronunciamientos, fallos o sentencias estén siempre apegados a la ley y a las pruebas, evidencias o alegatos presentados por el órgano acusador y por la defensa de los imputados.

Lo que debería quedar claramente establecido es que la corrupción se combate todos los días y en la que deben participar Gobierno, Congreso, Justicia, Ministerio Público, partidos, empresariado, academias, sindicatos, cooperativas sociedad civil y la sociedad toda.