Es dramática y dolorosa la situación que viven decenas de personas diagnosticadas con enfermedades de un grupo que para su tratamiento eficaz requieren de medicamentos de alto costo, inalcanzables para la mayoría, y que no son protegidas por el sistema de la seguridad social, como debería ser.

Los medios de comunicación, sobre todo redes sociales, se hacen eco de quejas válidas de pacientes que no han logrado obtener las medicinas pese a diligencias realizadas, casi todas dirigidas al ministerio de Salud Pública que mantiene un programa para suministrar fármacos de este tipo y ayuda directa.

Los esfuerzos de la gestión del ministro Daniel Rivera, bajo directrices del Poder Ejecutivo, han permitido que se destinen partidas extraordinarias a estos fines por monto de 8 mil millones de pesos que representa la sumatoria de las asignaciones presupuestarias de seis ministerios. ¡Imagínense!.

A los fines de aumentar el número de beneficiarios del programa y lograr mayor efectividad no solo es necesario elevar monto presupuestado sino salvar trabas burocráticas y requerimientos legales para comprar medicinas por vía de PROMESE-CAL mediante procesos urgentes, expeditos y válidos.

Esa parte corresponde al gobierno central, pero no debe dejarse solo al Ejecutivo, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), que gestionan seguros privados, tienen que aportar y también destinar partidas millonarias para cubrir cataclismos de salud que matan pacientes y endeudan familias.

Los poderes públicos deben cumplir su rol cada uno y es el momento del Legislativo, para forzar a que se logre el objetivo constitucional de que las políticas de salud tengan cobertura poblacional total, hay que reformar la ley de seguridad social para salvar vidas y que todos reciban medicinas costosas.