Hoy no es difícil medir la hostilidad que inspira el “danilismo” percibido como una corriente política que buscó beneficiarse bajo el pecado de la usura con los negocios del erario, con prácticas inmorales y con la imagen inscrita en la que cristalizan los rasgos del propio exjefe del Estado.

Quien debía ser el referente moral del país, por aquello de que es propio de los hombres mayores (excelentísimos, nos dice don Nicolás), y como solemos honrar a nuestros presidentes, no a quienes se apropian o propician adueñarse del Estado. Pero además, perdió la racionalidad política y los valores democráticos.

Cuando examinamos los debates en las audiencias de solicitud de coerción entre la defensa y el Ministerio Publico, al oír las imputaciones de los fiscales, fundadas, no en meras sospechas, sin causas, sino en pruebas indiciarias, apreciamos su eficacia y su fidelidad.

Por tanto, cuantas pruebas sean, más se aprecia el compromiso con el escándalo que tuvo una familia en la dirección de los negocios públicos.

Hay solo un responsable: el jefe de la familia. Sin embargo, éste no ha estado a la altura de un “guía”, que pueda asumir un papel respetable, sino en un silencio vergonzoso, de cómplice, propio de una persona que no posee ni el mérito de condenar lo que tal vez entendería una desconsideración, o lo que sería una responsabilidad de los hechos de su gobierno; o como atribución mutua del parentesco de él con todas las circunstancias de su gestión.

Hubiera sido hasta elegante condenar sus propias debilidades en un acto de contrición que quizás le elevara, dando signos de que su poder no buscaba justificaciones.

Apenas un miserable “yo desconocía de los negocios de mis hermanos”, condenado por toda la sociedad. Jugó a la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva.

Por: Manuel Fermín
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