En estos tiempos de apertura e integración, República Dominicana, empujada por un corrosivo nacionalismo digno de mejor causa, opta por cerrar las puertas y aislarse. Primero con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad y ahora con el fallo de la misma instancia judicial que desconoce la jerarquía de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Pero la vida como la historia suelen ser irónicas, con oportunas lecciones que se convierten en marcos de referencia.

Las elecciones que se acaban de celebrar en Estados Unidos pautaron un hito no solo por la aplastante victoria de los republicanos, sino, entre otros aspectos, porque por primera vez en la historia de ese partido fue electa una diputada negra. Y resulta que esa legisladora, Mia Love (quien nació en Brooklyn con el nombre de Ludmya Bourdeau) es hija de inmigrantes haitianos. Sus padres llegaron a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia. Como otros tantos hijos de inmigrantes pudo estudiar e integrarse a la vida norteamericana. Es importante resaltar también el caso de Michaelle Jean, quien nació en Haití y fue gobernadora de Canadá de 2005 a 2010. Ninguno de los hechos, que se sepa, ha representado una amenaza para la identidad esos países. Más bien la fortalecen como resultado de la diversidad. De no ser por la integración y la tolerancia Francia no tendría un primer ministro que nació en España, como Manuel Valls, ni París una alcaldesa, Anne Hidalgo, del mismo origen.

Sin embargo, en República Dominicana sectores de poder prefieren el aislamiento antes que la integración, incluso con carácter histórico, de una comunidad como la haitiana, que a Canadá le ha aportado una gobernadora y a los republicanos su primera diputada de color. De esa negación procede la sentencia sobre la nacionalidad y también la ruptura con la CIDH a propósito de la última condena por la arbitraria expulsión del territorio entre 1999 y 2000 de dominicanos de ascendencia haitiana.

Que más allá de la CIDH no haya otra instancia más creíble en materia de derechos humanos, como proclamó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, no es lo que está en juego. Ni tampoco las consecuencias que se derivarían de la decisión del Tribunal Constitucional, por más nefasta que sea. Y eso de que la adhesión a la CIDH fue irregular, porque el proceso no fue avalado por el Congreso, es pura pamplina. El trasfondo de la decisión, por más argumentos jurídicos que se exploren, es defender arbitrariedades como el despojo de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana dispuesto por la Junta Central Electoral (JCE). Y de esa manera bloquear la posibilidad de que surja una Mia Love.