Acción Afrodescendiente por la Justicia Climática exigió que la minería de metales y de oro sea prohibida por ley en toda la República dominicana, por los múltiples daños que ocasiona al medio ambiente y la salud de las personas, y porque constituye “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”,

Darío Solano, coordinador de Acción Afrodescendiente por la Justicia Climática, expresó que la prohibición debe incluir las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto y subterráneo.

El Foro Binacional ha dicho que la megaminería ha creado daños socio-ambientales irreparables en República Dominicana. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el río Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.

A eso se suma la instalación de una presa de cola en Cuance que pone en riesgo la cuenca hidrográfica del río Ozama y el acceso al agua de más de tres millones de personas, y la destrucción de las Cuevas del Pomier, reservorio de nuestro pasado prehispánico y testimonio de los pueblos originarios víctimas del genocidio español y europeo.

Solano expone que los organizadores de la Conferencia sobre el Cambio Climático COP 26, en Glasgow, Escocia, se habían comprometido con un cónclave más inclusivo; y sin embargo no cumplieron, pues no garantizaron la agenda y la visibilidad de las reivindicaciones y reparaciones de los afrodescendientes en la toma de decisiones en todas las etapas de la acción.

Desde República Dominicana Acción Afrodescendiente por la Justicia Climática denuncia que “una vez más, esas cumbres climáticas internacionales, que simulan una ilusoria participación, resultan espacios para defender intereses de empresas y el status quo de los países industrializados del norte, para hacer más negocios con los desastres climáticos, y para promover nuevas falsas soluciones.

Hablar de justicia climática y racial desde el escenario dominicano, en el contexto de la COP 26, significa que tenemos un país caracterizado por los avances de las políticas neoliberales, y con ella un esfuerzo por privatizar las bases de los bienes comunes, fundamentalmente el agua que presenta una enorme amenaza de la megaminería. Las mineras actúan, en sentido de destrucción de la naturaleza y de la apropiación de las fuentes de agua, y ellas cuentan con un Estado servil a sus intereses.

Por: Wellington Melo