El Ministerio Público anunció que someterá a la Justicia por tráfico de inmigrantes, corrupción, tenencia ilegal de armas de fuegos y secuestro los imputados en el caso Iguana de Jimaní, provincia Independencia.
Dijeron que poseen suficientes elementos probatorios que le permitirán obtener las medidas de coerción solicitadas contra los siete imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
Será el próximo miércoles 30 de marzo, a partir de las 10:00 de la mañana, cuando el juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, conozca la medida de coerción a los encartados.
La fiscal Belkis Ulloa, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), calificó de graves los hechos cometidos por los imputados del caso Iguana, como parte de sus actividades en la estructura criminal.
Dijo que el Ministerio Público viene realizando la investigación desde diciembre pasado, a propósito de acciones delictivas, entre las que se advierte hasta hechos de secuestro en perjuicio de nacionales cubanos.
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“Se les acusa de la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos, el tráfico ilícito de migrantes, delitos asociados a la corrupción administrativa, así como también delitos de secuestro, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos que ya se han establecido en la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público ha presentado en contra de los imputados”, manifestó a periodistas que la abordaron luego de que el Juzgado de la Instrucción de Jimaní, provincia Independencia, aplazara el conocimiento de la coerción para el próximo miércoles.
“Se trata de una estructura de criminalidad organizada, dedicada a la comisión de estos actos ilícitos, de manera reiterada, de acuerdo a las evidencias que se han ido recolectando en el curso de la investigación que hemos estado realizando”, añadió la fiscal de la PETT.
En sus respuestas a la prensa sobre el proceso, destacó que la que desarrolla el Ministerio Público es una investigación fuerte, que cuenta con elementos de pruebas que le permitirán acreditar los hechos que han estado presentando en la imputación formulada en la solicitud de medida de coerción.
“Entendemos que nosotros llevamos razón en relación a la solicitud de medidas de coerción que estamos solicitando en contra de los imputados de que se trata. Son hechos muy graves los cometidos por los imputados como parte de una estructura de criminalidad organizada y a la cual el Ministerio Público tiene la intención de poder desmantelar al igual que cualquier otra estructura que pueda estar operando en esta zona”, enfatizó.
Ulloa sostuvo que el órgano de la acusación busca contribuir a evitar que hechos como los señalados se sigan materializando de manera asidua y además romper con la tendencia de normalización del delito del tráfico ilícito de migrantes en esta jurisdicción.
Mientras ofrecía los detalles del caso, explicó que los encartados incurrieron en el acto de secuestro en perjuicio de cuatro nacionales cubanas, entre ellas, dos adultas y dos menores de edad, hechos en los que intervinieron no solo los imputados que forman parte de la Dirección General de Migración, sino también los demás integrantes de la estructura.
“Hay dos de las personas investigadas que materializaron un tráfico ilícito en principio en contra de esas nacionales cubanas; luego llegaron a poder de los miembros de la Dirección General de Migración, y ellos facilitaron su llegada a otra estructura, digamos los demás miembros de la estructura de criminalidad organizada, para entonces poder facilitar nuevamente el tráfico ilícito de migrantes de los mismos y poder obtener beneficio económico que le estaban requiriendo en todo momento a los nacionales cubanos”, expuso.
