Santo Domingo.-El Ministerio Público aseguró este lunes que instrumentaron un expediente bien sustentado contra los imputados en la Operación Calamar y espera que el tribunal acoja sus conclusiones y envíe a prisión preventiva a los exministros José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia; Donald Guerrero, de Hacienda y el de Obras Públicas y excandidato presidencial en las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo.

Además, pide igual medida contra el excontralor de la República, Daniel Omar Caamaño; Aldo Antonio Gerbasi, quien era asesor de Guerrero y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del CEA.

La información la ofreció la Procuradora fiscal Rosa Alba García tras la audiencia de este lunes, donde se cerraron los debates, y expresó que una evidencia de la contundencia del proceso es que 14 de los imputados aceptaron los cargos que presentó el Ministerio Público.

Entre los imputados que han admitido su participación en esta estructura corrupta y logrado un acuerdo con el órgano de justicia se cuentan: el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.

Así como también Yahaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández.

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El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.