Un arrestado en los allanamientos realizados el martes por la Procuraduría General de la República, conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y efectivos de los cuerpos castrenses, intentó sobornar con 2 millones de pesos a los agentes que lo apresaron en el operativo simultáneo denominado Halcón IV, según el órgano acusador.
Se trata del imputado Daniel Alfredo Paulino Cáceres, quien había sido deportado por tráfico de cocaína, y que también se encuentra en el amplio listado de condenados con antecedentes eliminados.
En la residencia del encartado durante el allanamiento en San Francisco de Macorís se ocuparon 16 kilos de cocaína.
“El deportado se encuentra en el amplio listado de condenados con antecedentes penales borrados tenía un coliseo en su residencia, un amplio bar y una caleta para almacenar drogas”, detalla el órgano persecutor del crimen.
Paulino Cáceres también tenía una traba de más de 300 gallos de pelea, que presentaban un buen cuidado al momento del allanamiento.
El Ministerio Público detalla que el procesado escondió los 16 kilos de cocaína en varios lugares de su residencia, los cuales fueron encontrados, gracias a la pericia de las unidades élites desplegadas en la búsqueda de casos de esta naturaleza.
Te puede interesar leer: En Operación Halcón IV ocuparon cocaína, vehículos, inmuebles, armas y dinero
“Un investigador nos estableció que en momento del allanamiento, Paulino Cáceres, a sabiendas de la gravedad de lo ocupado, ofertó al equipo murtiagencial que lo allanó, 2,000,000.00 de pesos para que no lo procesaran”, explicó el Ministerio Público.
Medida de coerción
El Juzgado de Atención Permanente de Santiago conocerá mañana la medida de coerción depositada anoche por el Ministerio Público contra tres de los arrestados durante la Operación Halcón IV.
El Ministerio Público, la DNCD y Policía Nacional pusieron en marcha el martes dicha operación en contra de varias organizaciones del crimen organizado, cuyos miembros son investigados por asesinatos y narcotráfico.
La operación contra las redes que realizaban actividades delictivas en el Cibao Central moviliza 71 fiscales, incluyendo de la jurisdicción de Santiago, utilizada como base central de la operación y 1,350 fuerzas especiales policías, militares, agentes y miembros de unidades élites de los cuerpos armados del país.
Entre los principales investigados figuran Joel Ambioris Pimentel García (a) la J, José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla), Isidro Marcelino Tavares Acevedo (Chicho) y Rafael Tomás Conill Salcedo (a) Niño Hot Dog (quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez), Kelvin Manuel Concepción López (a) el Menor.
También, Ángel Pascual García Vásquez (a) Alex Capucha), Alejandro Vidal (a) Alex, Carlos Erik Abreu Ureña, Briayan Rafael Abreu Ureña, Ilich Raymundo Báez Ureña, Jonás Antonio Turbi Molina (a) Jonás, Francisco Rosario Matías, Elimelec Quiñones Calderon, José Miguel Fabián García Sánchez y Luis José Bonilla Santana (a) Viento, Jencil Freund Arias (a) Toro, Deibys Santiago Santiago (a) Fory Two, Kelvin Pablo García Rodríguez (a) Kelvin Fantasma, Allison Moreno Rodríguez (a) Barajita, Luis Amaurys Pimentel García (a) Manito, entre otros.
Procuradora bajo protección
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, fue mudada de su residencia a un domicilio más seguro, después de recibir amenazas de muerte de parte de integrantes de la desmantelada red de narcotráfico y sicariato, por lo que se encuentra bajo protección de los organismos de seguridad del Estado.