Narcotragedia



El asesinato a balazos del coronel Daniel Ramos Álvarez por un individuo que supuestamente operaba un punto de drogas en Baní, pone en relieve la preocupante incidencia del narcotráfico a lo largo y ancho del territorio nacional, convertido ya en un cáncer que ha hecho metástasis en el tuétano de la sociedad.

Ese oficial, de 70 años, que comandaba la dotación de la Policía Preventiva en la provincia Peravia, realizaba labores de inteligencia frente a una vivienda donde se comercializaba con cocaína y marihuana, cuando fue impactado por dos balazos que le cegaron la vida.

El microtráfico se ha convertido en una enorme cadena de minoristas con ramificaciones en todas partes, lo que hace suponer que miles de personas participan de manera directa en esa actividad criminal y que decenas de miles de jóvenes y adultos tienen las condiciones de consumidores activos de drogas.

Con frecuencia las autoridades informan sobre decomisos de cargamentos de cocaína introducidos en contenedores, a bordo de lanchas rápidas o a través de la frontera, que van destinados a Estados Unidos y Europa, lo que indica que parte de las drogas que no se logra detectar se queda como pago a narcos locales para comercialización interna.

Puede decirse sin temor a exageración que cocaína y marihuana se venden como pan caliente en miles de puntos de drogas diseminados por todas partes, en un negocio creciente e influyente, que permea al tejido social y a instituciones a cargo del orden público y de la persecución de crímenes y delitos.

Duele saber que vecinos del sector donde fue abatido el coronel Ramos Álvarez, la emprendieron a pedradas contra agentes policiales que posteriormente participaban en el allanamiento de la vivienda desde donde le dispararon al oficial, clara señal de la notable y creciente influencia social y económica del narcotráfico.

La tragedia que significa la muerte de un oficial con 40 años de servicio a manos del narcotráfico, obliga a Estado, Gobierno y sociedad a reflexionar sobre la necesidad de defender y proteger a la juventud y la población de ese monstruo de siete cabezas.

Se requiere con urgencia la adopción de políticas públicas destinadas a la creación de empleo, fomento de capacitación laboral, deportes, cultura, de mejoría del entorno barrial y, claro está, de combatir el narco y delitos conexos con todo vigor y voluntad política.