La apertura del proceso sobre los sobornos por 59 millones de dólares pagados por Odebrecht en Panamá para la construcción del Metro, la moderna vía costera de la capital y la ampliación del aeropuerto, durante la gestión del presidente Ricardo Martinelli (2009-14), invita a reflexionar sobre la impunidad y el impacto de los pagos ilícitos en el monto de la deuda externa que ha lastrado el desarrollo de este país. En la nación istmeña se ha imputado, además de Martinelli, al también expresidente Juan Carlos Valera (2014-19) y otras 20 personas, mientras por aquí se optó por la omisión y una selección política de los sospechosos.

Se entendía la manipulación de la investigación del entonces procurador general Jean Alain Rodríguez. El entyonces presidente Danilo Medina y los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, en cuyas gestiones Odebrecht reconoció que pagó sobornos por 92 millones de dólares para la adjudicación y sobrevaloración de obras, no fueron ni siquiera interrogados. Tampoco mereció ningún tipo de atención que la oficina para efectuar los pagos ilícitos aquí y en otros países fuera trasladada a República Dominicana cuando se inició la cruzada en Brasil. Profundizar en las pesquisas era hurgar en una caja de Pandora. Lo difícil de entender es que en la actualidad el Ministerio Público, que suele hacer tanto ruido en los casos de corrupción, no haya explorado algún mecanismo para establecer responsabilidades y reducir la carga que ha tenido que soportar la nación.

Por los 92 millones de dólares Odebrecht llegó a un acuerdo a través del cual se comprometía a identificar a los beneficiarios y resarcir al Estado con 184 millones. No cumplió con una cosa ni la otra. Para colmo, el exprocurador, que tanto se ufanó de la investigación, no encontró los casi 10 millones de dólares que de manera ilícita aportó firma para las elecciones congresuales y municipales de 2006, y muchos menos los casi 40 que según un consorcio de periodistas hizo la multinacional para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. Ni siquiera los seudónimos con que se identifica a los beneficiados ha despertado mayor interés en nuestras autoridades judiciales. La comedia colapsó en los tribunales por falta de pruebas, pero los dominicanos sí tienen que pagar ese 20 % con que Odebrecht admitió que sobrevaloró las obras.

El juicio que se ha iniciado en Panamá no es más, por sus implicaciones, que otro espejo para que República Dominicana se mire sus partes pudendas sobre un escándalo que no solo la sitúa como paraíso de la impunidad, sino que gravita en el costo de una onerosa deuda que engulle recursos que pudieran destinarse para la educación, la salud, seguridad y obras de infraestructura.