Gobierno, clase política y sociedad civil tienen otra oportunidad histórica de alcanzar un primer gran pacto nacional que no sería consensuado para resolver alguna crisis institucional o económica, sino para impulsar un tipo de sociedad basado en la promoción de un nuevo sistema educativo y en la calidad de la enseñanza y el acceso universal a todos los niveles de instrucción y capacitación.

El presidente Danilo Medina ha presentado el documento que dijo servirá de punto de partida para el diálogo a iniciarse el 28 de septiembre en el Consejo Económico y Social (CEI) a los fines de alcanzar un Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que se consigna como una de las metas mayores a las que podría aspirar la sociedad dominicana.

Se ha dicho y repetido que sin una reforma amplia y profunda del sistema educativo vigente, no tendría sentido ni efectividad la aplicación del 4% a la educación básica, pues los cien mil millones que se destinan a ese sector caerían siempre en saco roto de la improvisación y el dispendio.

La propuesta de reforma educativa que el Gobierno presenta a la consideración de la sociedad organizada ha sido definida por el presidente Medina de íntegra, sopesada y realista, basada en el acceso universal a los tres niveles educativos, respeto a los horarios y calendario lectivo y a la dignificación del trabajo docente, lo que sin dudas serían puntos convenientes para iniciar un fructífero diálogo.

El primer esfuerzo de consenso promovido por las autoridades en ese órgano de consulta, relacionado con una propuesta sobre reforma fiscal, culminó en un rotundo fracaso que fue como balde de agua helada sobre una sociedad rezagada en todos los aspectos básicos del desarrollo, compelida a apurar el paso en término de diseño y ejecución de grandes políticas públicas.

Algunas organizaciones vinculadas con el sector educativo presentan objeciones a ese ejercicio dialogante muy cercanas a la insensatez o al afán de excesivo protagonismo, sin asumir conciencia de que de la formulación de un Pacto por la Reforma Educativa depende el desarrollo armónico de todos los indicadores humanos, sociales, económicos e institucionales de la nación.

Partidos políticos, academia, empresariado y organizaciones de base están compelidos a enriquecer con planteamientos o propuestas útiles y novedosas el objetivo de redactar un documento que sirva de base jurídica a todas las políticas que asuma o aplique el Estado y la sociedad para consolidar la imprescindible calidad de la enseñanza y la formación de una nueva ciudadanía.

La madurez y templanza del liderazgo nacional debería expresarse con toda claridad y firmeza en la única voluntad de consensuar una reforma jurídica y política del sistema educativo nacional, que signifique el primer gran salto colectivo hacia la conformación de una auténtica sociedad sustentada en los más altos estándares educativos, a nivel docente, curricular con libre acceso y mínima deserción escolar.