Oportuno

A punto de esta edición entrar en prensa, el superintendente de Electricidad, Eduardo Quincoces, anunció que por orden del presidente Danilo Medina se había dejado sin efecto el incremento en la tarifa del servicio al sector residencial que había dispuesto ayer el organismo.

Al margen de la sensatez que representa la intervención del gobernante para revocar un alza que en menos de 12 horas había generado un profundo malestar, la decisión ha abierto un amplio abanico de interrogantes. Sobre todo por los factores que invocó la Superintendencia de Electricidad para justificar el impopular aumento de hasta un 2.2% en un servicio no sólo deficiente, sino bastante costoso.

Es obvio que el alza no contó con el consenso entre los representantes del sector eléctrico. El vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, aclaró, además de rechazarla, que se había enterado por la prensa.

El descalabro que por las razones que fueren se ha registrado en el suministro de energía tornaba inoportuno el incremento en la tarifa. Y más si se agregan alzas como la de los combustibles, la prima del dólar, con sus secuelas inflacionarias y otras.

Otro gallo cantaría si con el anuncio de aumento en la tarifa eléctrica, el Gobierno anunciara sobre la aplicación de medidas administrativas para desalentar prácticas desleales de comercio en la industria eléctrica, como es producir energía con gas natural, carbón o por caída de agua y mercadearla como si se empleara un tipo de combustible fósil.

Clase media ni sector productivo deberían pagar los platos rotos por la increíble situación de una planta llamada a generar 300 megavatios, a cuyos dueños hay que pagarle más de cinco millones de dólares al mes solo por no encenderla, mientras nada se hace para reconvertirla al uso de gas natural.

La Superintendencia de Electricidad al menos debió adelantar explicaciones sobre la urgencia de ese aumento, su alcance e impacto sobre la economía familiar, especialmente sobre el malogrado presupuesto de la clase media, que ya no soporta más cargas, como las que les han sido aplicadas en el transporte, educación, comida, alquileres, crédito bancario y ahora en el importe de la electricidad.

La intervención del Presidente ha sido oportuna, porque no es justo que además de transferir al subsector eléctrico más de mil 300 millones de dólares al año para para exclusivo beneficio de empresas generadoras, pretenda que ciudadanía acarree una crisis cuyos causales básicos están en contratos viles a los que no se quiere tocar ni con el pétalo de una rosa