Por: Eduardo Álvarez

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El orden económico regula los demás. Cuando ello ocurre, los países prosperan de manera sostenible. De ahí que el devenir político dependa inequívocamente de su estabilidad económica. Si estos factores se revierten, aumentan las probabilidades de conflictos y distorsiones.

La propuesta, sin embargo, tiene sus variables. Por tanto, no es absoluta. De ahí que el concepto Estado Nación sirva para armonizar y viabilizar la útil e indispensable relación economía-política.

El Estado Nación resulta del tratado de Westfalia, al finalizar la guerra de los 30 años (1648). Finaliza aquí el antiguo orden feudal y se da paso a organizaciones territoriales y poblacionales definidas en torno a un gobierno que reconoce sus límites espaciales, y por lo tanto, de poder.

Pero este es apenas un marco histórico que las praxis tanto económicas como políticas han ido definiendo por separado, a partir de las experiencias recogidas en notables crónicas en las que el orden económico ha ganado espacio en beneficio del crecimiento y desarrollo de sociedades y naciones debidamente organizadas en Estados legítima y moralmente establecidos.

Esto explica justamente el desarrollo de poblaciones y comunidades menos dotadas por la naturaleza en comparación con otras donde las riquezas naturales les han sido prodigiosas. Las bondades divinas no desbordan la fe, lo que sí ocurre con el trabajo tesonero y constante.

Cuando la inteligencia, la prudencia y el trabajo se ponen de acuerdo para validar e imponer eficaces directrices económicas por encima de las políticas, los resultados serán siempre tan ciertos como halagadores. Huelga citar casos que la historia nos muestra repetida y constantemente, en diferentes regiones del planeta.

Aunque las fórmulas acusan algunas diferencias en su aplicación, hay un común denominador que unifica la propuesta ideal de felicidad individual y bienestar colectivo: la ley y la honestidad con un ineludible régimen de consecuencias.

Así las cosas, dejemos que cada sector haga su trabajo, sin esto constituya de manera alguna un a asunto de territorialidad, sino de alcanzar las metas propuestas en términos prácticos. Se trata de que el crecimiento y desarrollo llegue a todos.