Absolutamente injustificado y abusivo fueel paro de labores que convocó la Asociación Dominicana de Profesores en Bonao, que frustró el retorno a clases, aún fuera por un día, de más de 27 mil estudiantes de escuelas públicas.

La filial de la ADP en ese municipio impidió la apertura de docencia porque su presidente en esa demarcación enfrentaba una demanda por difamación e injuria interpuesta por un empleado del Ministerio de Educación.

Quiere decir que un asunto personal que afecta al todopoderoso jefe de ese gremio en Bonao fue motivo suficiente para amargarle la vida a la a la población de ese municipio. El señor Raúl Martínez, por quien no se abrieron las aulas el lunes, debería saber que la responsabilidad penal es individual, por lo que debería afrontar por si solo la imputación que le formula otro ciudadano también en pleno derecho de movilizar la justicia si considera que ha sido difamado o injuriado, cuestión que se dirime en los tribunales y no en las aulas.

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Además de ridículo, el alegato de que con esa esa querella penal, el Gobierno procura silenciar a la ADP en Bonao, constituye una expresión de salvajismo gremial. El comité ejecutivo la ADP incurre también en un acto de irresponsabilidad al permitir que por un conflicto de naturaleza personal se paralice el inicio del año escolar en esa comunidad.

Esa suspensión demuestra el déficit de conciencia social que agobia a la ADP y a gran parte de los docentes, pero también augura días difíciles para la educación para más de dos millones de estudiantes de educación básica atrapados en ese laberinto de irresponsabilidad.