La Procuraduría General de la República analiza los miles de documentos que confiscó ayer en el allanamiento al edificio que aloja las oficinas de la Cámara de Cuentas.
Durante las pesquisas el Ministerio Público decomisó decenas de cajas de documentos que servirían como pruebas para procesar a los responsables de maquillar auditorías de instituciones públicas para favorecer funcionarios.
El director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, declaró que la Cámara de Cuentas ha sido cómplice de la corrupción y no actuó en defensa del erario, que es su misión.
“Estamos analizando los documentos secuestrados ayer en la Cámara de Cuentas y organizando las acciones a seguir dentro de la investigación de la denominada Operación Caracol”, indicó Camacho.
Afirmó que el Ministerio Público llegará a todos los involucrados en la obstrucción de justicia y en la comisión de otros delitos que se puedan imputar a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas.
Recordó que el Ministerio Público que encabeza la procuradora general, Miriam Germán Brito, ha demostrado que tiene un “alto estándar” en los resultados concretos de sus investigaciones anticorrupción, “como ya quedó demostrado en el caso pulpo”.
El citado expediente mantiene bajo arresto y con otras medidas de coerción a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a funcionarios de sus gobiernos (2012-2020).
“Yo les ruego que tengan paciencia y sigan esperando las acciones que va a desarrollar el Ministerio Público bajo la dirección de Miriam Germán Brito”, resaltó Camacho.
“En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones (públicas)”, dijo.
Consideró que los miembros de la Cámara de Cuentas han cometido actos que son contrarios a la ley, “nosotros, en la medida en que analicemos esta investigación, estaremos tomando los correctivos y desarrollando las acciones de lugar”, sostuvo Camacho.
El responsable de la Pepca rehusó ampliar detalles sobre las auditorías adulteradas para evitar afectar el curso de la investigación denominada Operación Caracol.
El procurador adjunto no descartó el apresamiento de funcionarios de la Cámara de Cuentas que son implicados en ilícitos penales en la medida que la investigación lo requiera.
Con la Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses, la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público investigan la gestión de la Cámara de Cuentas encabezada por Hugo Francisco Álvarez Pérez.
Al pleno de la Cámara de Cuentas se le investiga por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
Además del presidente de la Cámara de Cuentas, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.
El allanamiento de ayer lunes se produjo con base en la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes de febrero de 2021 por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.