Imputados del caso Coral 5G cuando eran conducidos a juzgado de Atención Permanente.
La exdirectora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Greybby María Cuello Coste, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou e imputada del caso Coral 5G, al ser juramentada en el puesto solicitó al entonces ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, la autorización para nombrar oficiales militares en puestos administrativos de esa entidad civil (una acción ilegal)
Aunque la solicitud le fue rechazada en el primer intento, en el segundo logró montar la misma estructura delictiva que operó en el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), creándoles puestos compatibles falsos, según el Ministerio Público.
A tan solo días de ser juramentada en Conani, específicamente el 29 de abril de 2020, Cuello Coste, mediante comunicación 21442, dirigida al ministro José Ramón Peralta, solicitó la autorización correspondiente para el ingreso a la institución de nuevo personal militar en los puestos vacantes de encargado del Departamento Financiero, encargado de Sección de Compras y un director para la Dirección Administrativa y Financiera.
El fundamento de la solicitud fue basado en “la necesidad de que estos requerimientos e ingresos sean efectivos al 01 de mayo del 2020, ya que por la naturaleza de la institución de brindarle la protección y salvaguardar los intereses de los niños para y poder dar respuesta a las emergencias presentadas en la institución”.
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Por lo que los candidatos recomendados a ocupar dichas posiciones fueron Rafael Núñez de Aza, como encargado del Departamento Financiero, con un salario de RD$125,000.00; Roberto Acevedo Tejada, como director administrativo y financiero, con un salario de RD$160,000.00; José Javier Rosario Pimentel, como encargado del Departamento Administrativo, con un salario de RD$125,000.00; Rafael Arturo Vargas, como encargado de la Sección de Compras y Contrataciones, con un salario de RD$80,000.00.
En fecha 13 de mayo del 2020, mediante oficio PR-IN-2020-7692, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, remite la aprobación de los oficios de las propuestas enviadas mediante el oficio 21442 de fecha 29 de abril del 2020.
No obstante, la autorización del ministro administrativo de la Presidencia cuando dichos expedientes son auditados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública a los fines de empezar a ejecutar los pagos de salarios correspondientes, éstos proceden a rechazar los nombramientos en razón de que el personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil.
Otra alternativa
Al no poder realizarse los nombramientos como pretendían, la señora Cuello Coste de Torres reintroduce los nombramientos, pero cambiándole las designaciones con otras compatibles con funciones militares.
Sin embargo, las mismas eran funciones falsas con el fin de que estos fuesen contratados para laborar en la institución. En estas atenciones al imputado Núñez de Aza, lo designaron encargado de Seguridad del Conani con sede en el Distrito Nacional, con un salario de RD$125,000.00; a Roberto Acevedo Tejada como encargado de Seguridad de la Región Cibao Norte, con un sueldo de RD$160,000.00; a José Javier Rosario Pimentel como encargado de Seguridad de la Región Cibao Noroeste con un sueldo de RD$125,000.00; y a Rafael Arturo Vargas de Aza como encargado de Seguridad de la Región Cibao Sur.
Estos quedaron nombrados con el mismo salario que pretendían percibir al inicio, pero con supuestas funciones de seguridad.
Con estas designaciones, el imputado Juan Carlos Torres Robiou (D1), en en componenda con su cónyugue Cuello Coste buscaba replicar la misma estructura financiera de corrupción que este mantenía en el Cestur.
En los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto del 2020 se puede evidenciar que los nombrados Rafael Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada y José Javier Rosario Pimentel, recibieron viáticos por RD$307,200.00.
La observación con relación a estos pagos es en razón de que estos viáticos fueron percibidos como director administrativo y financiero, según el expediente instrumentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Entramado de corrupción
En el entramado del caso Coral 5G se utilizaban militares y policías para hacer transacciones millonarias procedentes de instituciones castrenses sin justificación de procedencia y escogieron una sucursal bancaria y a su gerente para simular operaciones lícitas en el mercado financiero, según la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa.
