Del 2016 al 2020 el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez gastó 420 millones 150 mil 970 pesos en la adquisición de equipos de seguridad y pertrechos militares del Ministerio Público, donde se fraccionaron procesos para beneficiar las empresas de su preferencia y que guardan vínculo con la alta gerencia, según el expediente de la Operación Medusa.

La autorización de la transferencia bancaria desde la cuenta de la Procuraduría la firmó el director general administrativo del Ministerio Público, Jonnathan Rodríguez Imbert, el 5 de marzo de 2020.

“Con el referido documento también probaremos las empresas beneficiarias, así como cualquier otra circunstancia, relativa a los hechos imputados a los encartados”, narra la solicitud de medida de coerción a los imputados del caso Medusa.

Ataques masivos
El Centro Nacional de Ciberseguridad (CSIRT-RD) había alertado a la Procuraduría General de la República sobre la vulnerabilidad de su plataforma informática, que ocasionó un ataque masivo a las redes de los equipos, según se narra en la solicitud de medida de coerción a ocho de los nueve imputados del caso Medusa.

El 29 de agosto de 2019 dicho centro notificó a la PGR sobre cuatro hallazgos de vulnerabilidad, dos de ellos con altos niveles de criticidad, por lo que hizo ciertas recomendaciones para corregir dichas debilidades.

El CSIRT-RD tiene como finalidad brindar asistencia orientada a la protección de procesos de infraestructura y seguridad para prevenir la ocurrencia o reducir el impacto de un incidente cibernético a través de la concientización, información y prevención.

La entidad detectó que redes de equipos informáticos habían sido infectadas con códigos maliciosos, que permitían su control remoto desde una estación de comando, obligándole a evitar spam, propagar virus o realizar ataques de denegación de servicios distribuidos sin el conocimiento o el consentimiento de los propietarios reales de los equipos.

A través del informe elaborado por el Equipo Nacional de Respuestas a Incidentes Cibernéticos, el Ministerio Público “prueba que a través de monitoreo se detectó que la dirección IP 200.26.173.50 de la PGR presentaba comunicaciones en diferentes ocasiones con IP botnets, es decir redes de equipos informáticos afectados que habían sido infectadas con códigos maliciosos y permiten su control remoto desde una estación de comando y control, obligándoles a enviar spam, propagar virus o realizar ataques”, según el reporte.