Los anteriores funcionarios de la Procuraduría General de la República cambiaron la base de datos de extradiciones sin autorización y sin motivos justificados, detalla el expediente del caso Medusa.

Para probar esa acción en la base de datos, el Ministerio Público asegura que cuenta con testimonio del procurador fiscal Héctor Hitler Cruz Castillo, adscrito a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones de la PGR.

“Con el que se prueba que el disco duro donde se encontraba la base de datos de Extradiciones de la PGR había sido cambiado sin autorización y motivos justificados”, indica el MP en su acusación.

Maltrato
El maltrato verbal y utilización de técnicos de la Procuraduría para realizar trabajos en empresas privadas de ejecutivos de la institución es otra de las acciones que se suman al espionaje y el acoso sexual que se cometían en la institución persecutora del crimen, sostiene el MP.

La diseñadora gráfica de la Dirección de Tecnología de la Información, Glosario Rosalía Arias Luciano declaró a la PGR que el director de ese departamento, Javier Forteza, la había instruido a realizar trabajo para la empresa Fortec y que recibió mucho maltrato verbal de parte de este, lo que provocó su renuncia. Narró al MP que Forteza la inscribió en una supuesta capacitación que fue pagada, pero que nunca recibió.

Fines de semana
Los fines de semana eran aprovechados por el imputado Forteza , exdirector de Tecnología de la Información de la PGR para cometer irregularidades, conectando discos duros en los servidores y otras informaciones relevantes, señala la solicitud de medida de coerción.

Para avalar esa prueba, la PGR dice que cuenta con el testimonio de Wascar Alexis Lorenzo Montero, quien labora en el área de infraestructura de la Dirección de Tecnología de la Información de esa institución.

Contratos
La Pepca afirma que el exprocurador Jean Alain Rodríguez, junto a Jonnathan Rodríguez y Alfredo Solano, ex director administrativo y subdirector financiero de la PGR, respectivamente, elaboraron 22 contratos de alquiler de medios de transporte por un monto de 35 millones 940 mil pesos, múltiples adendas de contratos de confidencialidad que evidencian cómo operaba este entramado de corrupción en la PGR.

“Contratos que firmaron en plena pandemia de la covid-19, época en la que se estaba trabajando desde la virtualidad, para contratar servicios de transporte y pagarlos a través de las cuentas de nómina, con un monto fijo mensual cuando el servicio no era constante, por la naturaleza. Esos contratos fueron cancelados antes de vencerse el plazo de terminación de los mismos”, relata el expediente.

El MP define como una adquisición fraudulenta de combustible la factura de fecha 4 de febrero de 2020 en la que se da cuenta de que fueron adquiridos 10,700,000 pesos de gasolina y gasoil a la empresa Sunix Petrolum SRL pero que en la actualidad “no hay evidencia de a quién le fue entregado el combustible” que fue autorizado por el director administrativo, el subdirector financiero y el procurador general.