Dos diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), respectivamente, pidieron hoy al presidente Luis Abinader suspender a los funcionarios que no han cumplido con las declaraciones juradas de bienes tal y como lo establece la Ley 311-14 que instituye el Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.

Rogelio Genao Lanza y Juan Julio Campos coincidieron en que los servidores públicos que no han cumplido con las disposiciones de la citada ley tienen que sufrir el régimen de consecuencia establecida en ella.

El reformista Genao Lanza, quien es el presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, dijo que si es necesario la Cámara de Cuentas tiene que someter a la justicia a los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo o de los ayuntamientos que no cumplan la normativa.

“Entendemos que la Cámara de Cuentas debe cumplir su rol de hacer que se cumpla la ley, los funcionarios deben cumplir con esto y el que no lo haga debe pagar la consecuencia, tenemos que respetar nuestras leyes”, declaró el legislador vegano.

Agregó que “también hay mucha desinformación, la mayoría de estos funcionarios son de municipios, pero entendemos que debe cumplirse la ley”.

Del PLD
El diputado Campos, del PLD, dijo que todo aquel funcionario que no cumpla con el mandato de la declaración jurada de bienes le está faltando a la ley.

Entiende que la actual Cámara de Cuentas tiene un gran reto en lo que es transparentar el manejo de las instituciones del Estado y hacer cumplir lo que establece la ley que los rige a ellos mismos y la Ley 311-14 sobre declaración jurada, “y lo que es el manejo en su responsabilidad de fiscalizadores de los recursos del Estado”. Además nadie está por encima de la ley y que el que la viole debe sufrir las consecuencias.

Denuncia de ADOCCO
El lunes la Alianza Dominicana Contra la Corrupción denunció que al menos 3,919 funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivos y otros electos, no han cumplido con el mandato de la Ley 311-14, que instituye la Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.