La Cámara de Cuentas (CCRD) recomendó al Ministerio Público ejercer las atribuciones que le confiere la ley, ante las irregularidades encontradas en el informe de auditoría practicado a la construcción del Metro de Santo Domingo durante la gestión del ingeniero Diandino Peña.
La CCRD le hizo saber al Ministerio Público, que las irregularidades evidenciadas por los hallazgos, en su conjunto, suponen un perjuicio directo a los intereses del Estado y configuran una transgresión del ordenamiento constitucional y legal imperante y que, por ende, los funcionarios comprometieron su responsabilidad civil, administrativa, e incurrieron en indicios de responsabilidad penal, conforme a las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.
Por tal razón, el citado informe de auditoría indica que “procede informar al Ministerio Público para que ejerza las atribuciones que le confiere el artículo 169 de la Constitución, en su calidad de órgano con el monopolio de la acción penal pública”.
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Indica que es pertinente identificar a todos aquellos funcionarios y servidores públicos actuales y salientes, cuya actuación u omisión en el desempeño de sus funciones dieron lugar a las conductas antijurídicas y lesivas citadas y detalladas precedentemente en el informe.
“Las acciones por tomar por las autoridades actuales, de ningún modo significan que sean limitativas con relación a las responsabilidades atribuidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. En el ámbito administrativo, es preciso que en las gestiones actuales y futuras, las autoridades administrativas deben poner en práctica los controles internos que impidan o minimicen la comisión de los hechos señalados”, precisa el informe de auditoría.
Entre las irregularidades detectadas en el citado informe de auditoría, figuran expropiaciones de terrenos sin decretos que los justifiquen, incluyendo contratos sin firmas y otros cuyos pagos superan los montos de evaluación.
El citado informe precisa que se hicieron expropiaciones a ciudadanos alquilados, ubicados bajo del puente ferroviario (Riveras del Ozama), cuyos contratos están sin firma entre los propietarios y los beneficiario.
Indica que se hicieron pagos de expropiaciones que superan los montos de la evaluación y que se instrumentaron procedimientos sin decretos que los justifiquen, y sin contar con los manuales, políticas o los procedimientos que guíen la actuación de la Opret, durante la determinación de las compensaciones por desalojo.
El citado informe observó que para las expropiaciones es necesario la autorización del Poder Ejecutivo mediante decreto, conforme lo establece la Ley 344 y el reglamento de aplicación 491-07.
“Es importante destacar, que el régimen constitucional de expropiación forzosa tiene su base en el artículo 51.1 de la Constitución, destacándose el derecho a la propiedad como un derecho fundamental, y por consiguiente su limitación está sujeta únicamente a las excepciones autorizadas por ley orgánica”, indica el informe.
Sobrevaluación Metro
El Informe de la Cámara de Cuentas revela obras que presentan cantidades cubicadas superiores a las ejecutadas en campo, por el valor de RD$16,006,259, expedientes de contratos carentes de documentación soporte, por monto de RD$14,638,152,328, procedimientos de contrataciones sin evidencia de publicaciones de convocatorias, por el monto de RD$6,296,778,314.
