Metro SD
Expropiaciones de terrenos sin decretos que las justifiquen, incluyendo contratos sin firmas y otros cuyos pagos superan los montos de evaluación, figuran entre los hallazgos encontrados por la Cámara de Cuentas en el informe de auditoría practicado a la construcción del Metro de Santo Domingo durante la gestión del ingeniero Diandino Peña.
El citado informe precisa que se hicieron expropiaciones a ciudadanos alquilados, ubicados bajo del puente ferroviario (riberas del Ozama), cuyos contratos están sin firma entre los propietarios y los beneficiarios.
Indica que se hicieron pagos de expropiaciones que superan los montos de la evaluación y que se instrumentaron procedimientos sin decretos que los justifiquen, y sin contar con los manuales, políticas o los procedimientos que guíen la actuación de la OPRET, durante la determinación de las compensaciones por desalojo.
El citado informe observó que para las expropiaciones es necesario la autorización del Poder Ejecutivo mediante decreto, conforme lo establece la Ley 344 y el reglamento de aplicación 491-07.
“Es importante destacar, que el régimen constitucional de expropiación forzosa tiene su base en el artículo 51.1 de la Constitución, destacándose el derecho a la propiedad como un derecho fundamental, y por consiguiente su limitación está sujeta únicamente a las excepciones autorizadas por ley orgánica”, comenta el informe.
Señala que la expropiación está sujeta al principio de justa causa, en virtud del cual, debe mediar la justificación oportuna de las razones que sustentan la declaratoria de utilidad pública y el pago de la indemnización acordado previamente.
Sostiene el citado informe de auditoría, que las expropiaciones no solamente carecieron de autorización por parte del Poder Ejecutivo, sino también de los manuales y las políticas y procedimientos necesarios para llevar a cabo una acción como la descrita.
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“Esto se traduce, por un lado, en que la falta de la autorización ejecutiva tiene como consecuencia la invalidación todo el procedimiento de expropiación por violación a las disposiciones legales antes citadas; y por el otro, la falta de los manuales, políticas y procedimientos solamente contribuyen a un uso ineficiente de los recursos financieros del Estado, cuando se indemnizan con precios que no se corresponden con la realidad y se dejan al criterio del funcionario pertinente”, subraya el informe.
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Refiere que se hicieron desalojos y traslados de inquilinos sin documentos justificativos y que se confirmaron pagos a 429 ciudadanos, por monto ascendente RD$27,551,733, por concepto de auto desalojos y traslado a otros lugares, según afectados con la construcción del metro línea 2-B, sin evidenciarse los contratos de alquiler o documentaciones justificativas entre los propietarios y los inquilinos, que demuestre el pago por este concepto de alquiler.
