Un especialista internacional en seguridad vial aboga por la eliminación del Intrant e instaurar un Ministerio de Transporte, para ampliar su capacidad de acción y obtener recursos para su operatividad y regulación.

Amado Arias, con especialidad en seguridad vial en Colombia y con preparación del Banco Mundial, sostuvo que solo el 10% de los recursos económicos de las multas aplicadas a los conductores va al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), lo que evidencia, según él, un grave error de la Ley 63-17.

“El objetivo del Ministerio de Transporte es ampliar su radio de acción, porque desafortunadamente el dinero de las multas 10% va al Intrant, 10% a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y 80% a la Dirección de Prisiones”, expuso.

Detalló que una dirección con el Intrant tiene limitación para controlar un parque vehicular de unos cinco millones entre carros y motocicletas.

Arias expresó que para mejorar el tránsito en el país, necesariamente se requiere de recursos económicos, y que un Ministerio de Transporte, tendría esa prerrogativa, traduciendo en mejorar el urbanismo, educación vial, seguridad vial y otros elementos que mejorarían el tránsito en el país.

“Ese ministerio que planteo, no es más que poner los recursos necesarios para que exista una fiscalización y una organización del tránsito. El Intrant tiene proyectos manuales de ejecución que son letras muertas, porque no se ha hecho nada”, subrayó.

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Dijo que la República Dominicana gasta 2.3 del Producto Interno Bruto en accidentes vehicular, y en tal sentido, plantea usar el 50% de esos recursos económicos a la prevención, impartiendo charlas en las escuelas, colegios, universidades y empresas públicas y privadas.

Entiende necesario crear academias para los agentes de tránsito, para inducirlos a un verdadero compromiso con la seguridad, iniciativa que asegura debe ir acompañado de mejores salarios y condiciones para estos.

Motoristas

Arias precisó que en el país existen unos 300 mil motoconchos registrados por el Intrant y que de esos, 30 mil son ciudadanos haitianos, con el agravante que carecen de documentos migratorios regulares.

Agrega que hay que comenzar, de manera seria a regular el uso de motores, ya que se han convertido en un “dolor de cabeza” para la sociedad.