El Gobierno parece adelantarse a la pretensión de no pocos sectores o intereses de convertir el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2014 en una piñata cuando sea conocido a fondo en el Congreso Nacional, por lo que ha advertido que son innegociables las partidas asignadas a la inversión social.
Ante las crecientes críticas sobre la marcada vocación deficitaria que presenta ese proyecto de estimado de ingresos y Ley de Gastos Públicos, las autoridades sostienen que fue diseñado para que promueva una especie de “democratización de oportunidades” que ayudaría a elevar el ingreso familiar y de los negocios.
Es por eso que en un comunicado del Palacio Nacional se advierte que no habría negociación en torno al 4% a la educación, desayuno, almuerzo y merienda escolar, construcción de aulas, de estancias infantiles y el financiamiento al programa de alfabetización, partidas que nadie en su sano juicio se atrevería a tocar.
En ese inusual escrito el Gobierno admite que hay deudas que pagar, como las del sector eléctrico (más de US$1,500 millones) y compromisos que cumplir como el gasto tributario (más de 120 mil millones de pesos), como si señalara que los golpes a la piñata no deberían impactar sobre el gasto social.
Para que de verdad se convierta en instrumento de desarrollo y de promoción de la equidad social, se requiere que esa Ley de Gastos, por su contenido y vocación, sea garante de una justa redistribución del ingreso, lo que se logra con inversiones que impacten sobre la generación de empleos y el desarrollo de las iniciativas de negocios.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aconsejado al Gobierno disminuir las transferencias presupuestales al subsector eléctrico como forma de reducir presiones fiscales y mayor endeudamiento público, un aspecto que debió ser abordado en el singular comunicado oficial.
Se aplaude el interés de las autoridades por preservar las previsiones presupuestales de financiamiento a programas de gran impacto social, pero, como amor no quita conocimiento, los técnicos del Gobierno deberían atender las quejas y preocupaciones globales en torno a que ese Presupuesto tiene un alto componente de endeudamiento y de un déficit fiscal mayor al previsto.
Sería indeseable que el Congreso permita que el proyecto de Presupuesto General del Estado se convierta en una piñata del desenfreno, pero se incurriría en irresponsabilidad extrema si no escuchan las voces que reclaman corregir fallas y faltas en esa pieza que se supone debe ser un instrumento de desarrollo, crecimiento y equidad.
