Santo Domingo.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a través del bloque de regidores denunció este jueves que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), no le ha pagado a los empleados el salario correspondiente al mes de octubre, porque la administración quiere imponer una transferencia de fondo de 300 millones de pesos contraria a los procedimientos de la institución.

En un comunicado, los ediles explican que dicha transacción no está acorde a la realidad del municipio y en franca violación a la Ley 176-07 en su artículo 21 y 326 los cuales versan sobre las transferencias de un capitulo a otro de las finanzas del cabildo.

Precisan que con la transferencia sugerida lo que se pretende es llevar del capítulo de inversión y/o obras al capítulo de pago de personal, aumentada de 31 millones de pesos mensuales a 58 millones de pesos, sobrepasando el tope establecido por la ley de un 25% a un 41%, dijeron los regidores.

Aclaran que el bloque de concejales del PLD, siempre estará al lado de las comunidades y sectores del municipio, reiterando que asumieron al jurar en el cargo de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de lo presupuestado y de la ley y que de aprobar esa transferencia se dejarían de construir las obras pautadas en el presupuesto participativo y demás obras reclamadas por los munícipes.

Dijeron que ellos sienten las calamidades por la que atraviesan los empleados y personal completo del ayuntamiento, debido a la falta de planificación de la administración que al parecer han llegaron a dirigir el ayuntamiento sin un plan de trabajo.

“El único objetivo es encaminar al municipio por el camino del desarrollo y bienestar, perdido”, explicaron.

Aclararon que las administraciones anteriores, se manejaron con un presupuesto menor que la actual y tuvieron mejores resultados. Al contrario de esta administración que solo procura crear una percepción de desarrollo no acorde con la elaboración de un presupuesto a la situación real del municipio y de lo que estipula la ley.

El bloque de regidores del PLD, fue enfático en señalar que los gobiernos locales se rigen por un principio de legalidad presupuestaria con rango constitucional. Ninguna erogación de fondo puede provenir de autoridades competentes, sin estar establecida en el presupuesto.