El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó la resolución del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intran) que limita a dos años la renovación de la licencia de conducir a las personas de 65 años en adelante.
Nataly Maria, titular de la Comisión de Adultos Mayores del PLD, valoró como positivo el recurso de amparo elevado por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el abogado Alberto Tavárez, en representación de un grupo de periodistas.
“El recurso de amparo ante el TSA es una oportunidad para reafirmar el compromiso del Estado con la protección de derechos fundamentales”, dijo.
La titular de la Comisión de Adultos Mayores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Nataly María, consideró el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Superior Administrativo contra el reglamento que limita la vigencia de las licencias de conducir a las personas mayores de 65 años, como una oportunidad para reafirmar el compromiso del Estado con la protección de derechos fundamentales, especialmente el principio de igualdad y no discriminación.
La exdirectora del Consejo Nacional de la Persona Envejecientes (CONAPE) saludó la decisión del TSA de aplazar para el próximo 18 de mayo el conocimiento del recurso de amparo.
“Este proceso representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con la protección de derechos fundamentales, especialmente el principio de igualdad y no discriminación”, explicó María en un despacho de la Secretaria de Comunicaciones del PLD.
Señaló que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido históricamente una organización comprometida con el bienestar y la inclusión de los adultos mayores, impulsando políticas públicas orientadas a garantizar su dignidad, seguridad y participación activa en la sociedad.
Natali María indicó que las disposiciones que limitan derechos en función de la edad deben ser revisadas con rigor constitucional, tomando en cuenta precedentes del Tribunal Constitucional que han rechazado criterios de presunción de incapacidad basados exclusivamente en la edad.
“Las personas mayores no pueden ser objeto de restricciones generales que desconozcan sus capacidades individuales. La evaluación debe ser justa, objetiva y basada en condiciones reales, no en prejuicios etarios”, expresó.
El Nacional
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