Reducir los índices de pobreza y desempleo se mantiene como el reto más trascendente de República Dominicana y América Latina, donde más de 86 millones de personas viven en pobreza extrema, y 28,8 en condición de desempleados, según reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Se reconoce que la economía dominicana es resiliente, con una perspectiva de crecimiento de 5 % para este año, que ha logrado recuperar niveles de empleos que prevalecían en 2019, en tanto que la pobreza se redujo en 2 %, pero aun así, ambos flagelos representan el peligro mayor para la institucionalidad y la gobernanza.

El costo de la canasta familiar en el quintil más bajo representó al mes de junio RD$24,978.23, en contraposición del salario mínimo vigente que oscila entre RD$12,500 y RD$21,000, clara señal de que los ingresos no alcanzan para sufragar alimentos, medicina, vivienda, educación y transporte.

Pobreza y desempleo no son estadísticas frías sino dramática realidad que se debe afrontar cada día con políticas públicas que promuevan equidad en la redistribución del ingreso a través de iniciativas como las reclamadas por la población en la consulta del pasado fin de semana que encaminaron funcionarios del Gobierno.

Los subsidios sociales son alicientes que ayudan a miles de familias a sobrellevar situaciones de exclusión social y económica, pero no deberían suministrarse como si fueran medicinas de amplio espectro, sino analgésicos de efecto limitado.

El Gobierno ha entregado 546 mil 444 tarjetas del programa Supérate, que agregadas a las 811 mil vigentes, suman un millón 357 mil 444, que benefician a más de 4.3 millones de personas, pero ese programa no resuelve el drama de la pobreza, como lo demuestra que de esos hogares, solo 22 mil han superado la condición de pobreza extrema.

Lo revelado por el Ministerio de Trabajo de que 628,536 personas han depositado currículos en esa dependencia, en diligencia de empleo, indica lo difícil que resulta conseguir una plaza de trabajo, y que pobreza y desempleo van de las manos.

Para combatir y conjurar ambos flagelos se requiere que el Gobierno incremente el nivel de inversión pública con énfasis en obras que promuevan la educación, salud, vivienda, alimentación y el derecho al trabajo.