Armas de fuego decomizadas/ Foto de archivo.
Santo Domingo.– En lo que va de 2025, la Policía Nacional ha recuperado 5,700 armas de fuego, de las cuales 3,958 fueron incautadas por posesión ilegal, equivalente al 69 % del total. Las restantes corresponden a 364 con licencias vencidas y 1,228 vinculadas a investigaciones judiciales.
Las cifras fueron dadas a conocer este lunes durante el anuncio del inicio de un plan de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta para retirar de circulación las armas en manos de civiles que incumplen la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.
El plan, que se pondrá en marcha en octubre, forma parte del Decreto No. 212-21 que sustenta el Plan Nacional de Desarme por la Paz.
Según explicó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, las intervenciones se concentrarán en localidades donde las armas de fuego tienen mayor impacto en los homicidios y conflictos sociales.
“Estas armas tienen que ser sacadas de nuestras calles y entregadas al Ministerio de Interior y Policía, donde serán fiscalizadas para determinar su trazabilidad y origen”, expresó Raful al término de la reunión número 109 de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
La estrategia contempla, además, un periodo de gracia entre octubre y diciembre, autorizado mediante la resolución MIP-RR-0008-2025, para que los ciudadanos con licencias vencidas puedan renovarlas bajo condiciones económicas especiales.
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Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan reducir el uso indebido, desvío y tráfico de armas de fuego, así como reforzar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.
Homicidios y heridos
La ministra Raful informó que la tasa acumulada de homicidios al 26 de septiembre de 2025 se sitúa en 8.1 por cada 100,000 habitantes. De las 34 demarcaciones monitoreadas, 25 presentan tasas en un solo dígito, mientras que nueve registran cifras de dos dígitos. Entre estas últimas, Dajabón y Azua se mantienen en nivel amarillo, con tasas de 10.7 y 10.8, respectivamente.
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Avances legislativos
Raful recordó que el nuevo Código Penal contempla la creación de un registro de agresores sexuales, que estará bajo la responsabilidad del Ministerio Público y será presentado próximamente en el marco de los trabajos de la Fuerza de Tarea.
Con este plan de acción, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante el control de armas y la reducción de la violencia en las comunidades más vulnerables.
