Por: Narciso Isa Conde
(narsoisa@gmail.com).-
Una Policía diferente y alternativa a la actual exige un cambio constitucional profundo que implica un desplazamiento reconstitucional del Estado actual y su reconstitución mediante un proceso constituyente.
Con esta Constitución de 2010, este Congreso, dentro de este sistema, no es posible crear una nueva policía que supere las lacras que corroen la actual. Una “Comisión de notables” con fuerte componente empresarial y eclesial, limitada a hacer sugerencias, es otro show mediático que no transforma nada.
El país necesita otras reglas: una Constitución que garantice instituciones distintas, incluida una Policía Nacional, que en lugar de factor negador de derechos, promotor y protector de delitos y violencia, sea fuente de justicia y seguridad ciudadana.
Esto no se puede lograr sin una hegemonía socio-política diferente y un rol destacado de las comunidades en el contexto de una verdadera democracia, que no es precisamente la mutilada democracia representativa-dependiente de EE. UU. que tenemos; proclive a generar instituciones policiales como la actual, previa negación de soberanía nacional y popular.
Los modelos policiales que se construyen en contextos similares a nivel continental y mundial adolecen de los mismos males. Han pasado cosas parecidas con policías de países con muchos recursos, como EE. UU., Brasil, México… Y ni las películas de Hollywood han podido ocultar lo que acontece en el Coloso del Norte en materia de criminalidad policial.
En el marco de ese modelo de “democracia”, los cuerpos policiales encargados de perseguir el delito terminan separándose del resto de la sociedad y corrompiéndose. Incluso usan su poder y asociaciones con mafias políticas y empresariales para auto-protegerse y generar regímenes de impunidad.
Aquí la Constitución de 2010 establece un sistema constitucional cerrado, en el que sólo su propio Congreso, convertido en Asamblea Revisora y comprometido con la corrupción estatal, puede aprobar las modificaciones constitucionales. Los únicos cambios posibles por esa vía son los que el propio sistema degradado tolere.
De ahí la necesidad de vincular la reconstitución de la PN a la refundación del Estado a través de un proceso constituyente que incluya el Poder Constituyente-Destituyente que lo impulse y la Asamblea Constituyente Popular y Soberana capaz de crear lo diferente; capaz de redefinir nuevas bases constitucionales, nuevas instituciones y nuevos sistemas de seguridad ciudadana con fiscalización y control social, en los que el poder de las comunidades de base sea protagónico.
En fin, el desafío es crear democracia real, no usurpable ni por la partidocracia ni por cúpulas empresariales, eclesiales y militares, que constantemente la degradan y corrompen.
