Como era de esperarse, la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, reclamó a República Dominicana detener de inmediato las deportaciones de embarazadas haitianas y “de origen haitiano”.

La denuncia del sistema de la ONU es resultado del comportamiento torpe de las autoridades al pretender sofocar un incendio con gasolina, como lo es realizar redadas policiales dentro y fuera de hospitales públicos para apresar y deportar a pacientes haitianas, en vez de impedir su entrada por la frontera.

Con la pretendida intención de buscar aplausos en la población, las autoridades procedieron a aplicar operativos migratorios en maternidades públicas sin tomar en cuenta que desatarían críticas, repulsas y condenas a nivel internacional.

A eso se debe que ese comité de la ONU reunido en Nueva York denunciara que esas medidas “ponen en riesgo la integridad física y la vida” de esas mujeres, además de acusar al Gobierno dominicano de violar protocolos nacionales y estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes.

El ministro de Interior, Jesús -Chu- Vásquez, admitió que en la frontera operan bandas dedicadas a introducir ilegalmente a mujeres embarazadas haitianas que procuran ser atendidas en hospitales dominicanos, pero en vez de gestionar el desmantelamiento de esos grupos, se pregona la expatriación de parturientas.

El director de Migración, Enrique García, exhibió como trofeo de cacería la deportación de más de 500 haitianas embarazadas, pero ni él ni el ministro de Interior han dicho si han apresado siquiera a uno de los delincuentes que las acarrean.

De tanta impericia en el manejo de política migratoria, se deriva que, además de recomendar la inmediata suspensión de las deportaciones de mujeres haitianas en estado de embarazo o de postparto, la ONU pide que “se otorguen permisos permanentes de residencias a haitianas cuyos hijos nacieron y se criaron en el país…”

Por enésima vez se recomienda a las autoridades de Migración y de Frontera que las deportaciones de inmigrantes indocumentados, incluidas mujeres embarazadas o parturientas, se realicen con estricto cumplimiento de la ley, con garantía a la integridad física y moral de los repatriados, sin alharacas ni torpezas.