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Presidente FJT dice Gobierno está violando Constitución al cerrar por decreto instituciones creadas por ley

Presidente FJT dice Gobierno está violando Constitución al cerrar por decreto instituciones creadas por ley

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT) calificó de ilegal e inconstitucional la disposición presidencial que ordena cerrar y liquidar el personal de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por parte del Gobierno el pasado viernes

El presidente de la entidad, Trajano Potentini explicó que la ley General de Electricidad No. 125-01, en su artículo 138, crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y por tanto el decreto del Poder Ejecutivo, el 342-20 del pasado 16 de agosto no puede cerrar esa institución.

Dijo que la Comisión Liquidadora de la CDEEE, presidida por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte; Hacienda, Jochi Vicente, y el consultor jurídico del Ejecutivo, Antoliano Peralta, están incurriendo franca violación a Constitución de la República.

Dijo que en el caso del Consultor Jurídico, el doctor Peralta, no debe incurrir en tales acciones porque es un abogado con más de 25 años de ejercicio profesional y debe conocer el ordenamiento jurídico del país.

Potentini expresó que esta acción por parte del Gobierno es un precedente peligroso, porque se están atribuyendo facultades del Congreso Nacional, único poder del estado, facultado para con otra ley, modificar o eliminar la CDEEE, nunca con un plumazo del ejecutivo.

Asimismo, Justicia y Transparencia advirtió al gobierno, que todos los actos que realicen sin el amparo de una ley, estarán plagados de nulidad absoluta, por violar las leyes y la propia Constitución de la República, cuando en los artículos 138 y 139, hace mandatorio el imperativo del sometimiento pleno de la administración pública a la legalidad, entre otros principios ausentes del lamentable accionar del gobierno.

La entidad de la sociedad civil llamó al gobierno dominicano a la reflexión y sobre todo tomar las rutas de la legalidad, sin atropellar un proceso, que afecta derechos de empleados y suplidores además del manejo y destino de contratos e intereses, que envuelven miles de millones de dólares.

El Nacional

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