La orientación sexual, uno de los conceptos más controversiales de los últimos años en el país y que ha mantenido estancada la aprobación del Código Penal, volvió a ser incluido por el Poder Ejecutivo en el Proyecto de Ley Orgánica Integral de Reparación de la Violencia contra la Mujer que envió el pasado lunes al Congreso.

El presidente Luis Abinader también había incluido la expresión “orientación sexual” en el Proyecto contra la ciberdelincuencia, pero las protestas de distintos sectores que estiman que eso viola la libertad de expresión provocó que el mandatario lo mandara a retirar del Congreso el pasado 30 de junio del año en curso.

En el proyecto se tipifica el feminicidio y lo sanciona con condenas que podrán ir de 30 a 40 años, penas que podrían ser mayores cuando el delito se cometa en contra de una niña o adolescente, así como de mujeres con discapacidad y mayores de 65 años.

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En su artículo 4 la pieza establece que se aplicaría en beneficio de todas las mujeres, adolescentes y niñas, independientemente de su raza, color de piel, nacionalidad, estatus migratorio, edad, condición socioeconómica, religión o creencias, discapacidad permanente o transitoria, origen cultural, étnico, “orientación sexual”, género o cualquier otra condición, causa análoga o circunstancia personal, jurídica, social o de ideología política.

Mientras que el artículo 7 de la pieza establece que al momento de su aplicación, los organismos y agentes del Estado deben abstenerse de realizar acciones que, de cualquier manera, vayan dirigidas a crear situaciones de discriminación, sea que tengan por objeto el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, adolescentes y niñas.

Se castigará la discriminación contra la mujer por su género, raza, color de piel, nacionalidad, estatus migratorio, apariencia física: altura, peso, cabello, edad, condición socioeconómica, religión o creencias, discapacidad permanente o transitoria, origen cultural, étnico, “orientación sexual”, o cualquier causa análoga u otra condición o circunstancia personal, jurídica, social o de ideología política.

Igualmente sancionará el feminicidio conexo, que es el delito que implica sanciones por las víctimas colaterales que pierdan la vida en el marco de un escenario de violencia feminicida, que, por lo general son hijas, hijos, madres, familiares cercanos o parte del círculo de apoyo de la víctima directa.

Otras agravantes son cuando el perpetrador haya violado órdenes de protección existentes en su contra, que el hecho haya sido precedido de violencia sexual y si ocurrió en presencia de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa tiene entre sus objetivos “adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer el sistema de protección integral para víctimas de violencia de género”.

De la misma forma, aclara que la imposición de una pena de prisión, con o sin multa, no excluye la posibilidad de que un tribunal ordene también la imposición simultánea de una o varias penas complementarias o medidas de seguimiento socio-judicial, conforme a lo que dispone la pieza.

En su artículo 123, la iniciativa indica que quien mediante conducta repetitiva y a través de sistemas de carácter electrónico o cualquier otra tecnología de la información y comunicación, ejerza acoso u hostigamiento atente o afecte, hiere, amenace o asuste de manera repetitiva o sostenida a una mujer, adolescente o niña, en razón de su género y que se desarrolla en el ámbito escolar o formativo, comete “ciberbullying” y será sancionado con pena de dos a tres años de prisión.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó el pasado lunes en el Congreso el proyecto de Ley Integral de Violencia contra la Mujer, el cual establecerá las responsabilidades institucionales del Estado para “prevenir, atender, perseguir, sancionar y reparar la violencia” contra las féminas.

Peralta acudió al Senado en compañía de Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, y del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, donde entregó al presidente de ese hemiciclo, Eduardo Estrella, el referido proyecto, al igual que el que reforma y actualiza la Ley de Tráfico y Trata de Personas.