Si la atmósfera estaba cargada, ahora lo está mucho más después de la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de regular la participación de los funcionarios públicos en campaña proselitista. La oposición, más bronca que guinea tuerta, no ha tardado en relacionar la medida con las polémicas que se han arrastrado desde la eliminación del voto de arrastre hasta el palpitante reclamo de una auditoría al sistema de voto automatizado. El escenario se ha inundado de suspicacias, más atribuibles a la tradición que a un supuesto interés del tribunal de beneficiar al oficialismo en cada una de sus acciones.
El exceso de celo, la desconfianza y otros sentimientos eclipsan la lucidez de la oposición con su rechazo a la resolución de la JCE sobre la intervención de los funcionarios en la campaña proselitista. No se trata de candidatos, sino de ciudadanos que, como cualquiera, tienen sus preferencias políticas.
Que no utilicen la hora laborable para caravaneo y promoción es de por sí un paso de avance en una nación donde no existía la menor regla en ese sentido. Es más que obvio que los servidores públicos disponen de múltiples maniobras para promover a los integrantes de las boletas de sus partidos sin necesidad de estar en actos proselitistas.
La JCE ha cometido sus errores en el curso del actual proceso, pero la regulación de los altos cargos en campaña no ha sido uno de ellos. Todo lo contrario, ha sido una de las decisiones más prudentes, toda vez que es a las autoridades que compete actuar contra los servidores que se aparten de sus obligaciones. Lo que sí tienen que reclamar los partidos de oposición es que el tribunal para que los recursos públicos no se utilicen, en violación de la ley, en la campaña proselitista. En esta etapa del proceso lo mismo deberían ocuparse para que se evite el uso de fondos no transparentados en la promoción de nominados a cargos electivos.
La ley impide las inauguraciones oficiales 40 días antes de las elecciones municipales, y 60 antes de las congresuales y presidenciales. Son actividades que tradicionalmente se han utilizado para promoción proselitista, pero, en honor a la verdad, tampoco son el gran problema. Cuando de comprar conciencia se trata el picapollo y los 500 o mil pesos para la fría no son la única manera. Hay mil formas, incluso más eficaces, para reclutar prosélitos e incidir en el electorado. Basta con simple ejercicio mental para darse cuenta.
Pero por más innecesario e ilógico que sea, el alboroto implica su mensaje para la JCE: tiene que discutir más sus decisiones con los actores del proceso. Más ante la desconfianza que inspira en ciertos sectores. No puede ser que decisiones prudentes sean tipificadas como maliciosas. Sin que le quede la menor duda se presta a confusión que el grueso de sus decisiones haya contado de inmediato con el visto bueno del oficialismo y reserva o rechazo de la oposición.
