La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso ayer un año de prisión preventiva a una mujer acusada por el Ministerio Público de estafar con más de 265 millones de pesos a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección.

El tribunal dispuso que la imputada Aida Ramos de Hernández cumpla la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

La titular de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, fiscal Karina Concepción Medina, dijo que su sometimiento se realizó con base a evidencias que le vinculan a los delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, así como a la asociación de malhechores para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero.

En la instancia con la solicitud de medida de coerción, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros detalla que abrió una investigación en contra de las sociedades comerciales Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hernández, debido a que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra la cantidad de 39 acciones penales por los indicados delitos.

La imputada, según consta en Registro Mercantil, se desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades y tenía autorización para firmar en representación de las mismas.

El expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció con otros accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades, cuyo objeto social era el financiamiento de vehículos y otros bienes e inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.

Afirma el expediente que Ramos de Hernández junto con otros accionistas utilizó esas sociedades para hacerles creer a las víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera.