Santiago.- La lucha contra la corrupción es una prioridad de su gestión, porque la deshonestidad administrativa impactan positivamente en la seguridad jurídica, según la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

“La seguridad jurídica exige, además, contar con un sistema judicial independiente, en el que no existan injerencias e intromisiones de ningún tipo”, dijo la funcionaria.

Expresó que una cuestión que merece la pena ser analizada es el impacto que tiene en la seguridad jurídica el nivel de efectividad de las actuaciones que despliega el órgano persecutor en la lucha contra la corrupción.

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“La seguridad jurídica, sin duda, impone deberes a los poderes públicos, pues esta constituye un valor instrumental para garantizar la libertad y la igualdad, así como para crear un clima social que propicie la libre empresa y la inversión extranjera”, destacó Germán Brito durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), celebrado en el Centro de Convenciones de la universidad UTESA, en Santiago.

Resaltó que bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir los grandes y no tan grandes casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público, siempre en estricto apego del debido proceso.

Afirmó que el aseguramiento de la seguridad jurídica requiere así de una persecución penal racional y conforme a Derecho.

La máxima representante del Ministerio Público resaltó que los actores del sistema, en particular fiscales, deben acatar el derecho imperativo y dejar de lado las soluciones populistas, sin que ello implique ignorar las legítimas pretensiones de la ciudadanía.

“El reto que tiene ante sí el Ministerio Público es procurar justicia conforme a Derecho, consciente de los reclamos de la sociedad, pero sin dejarse arrastrar por la arbitrariedad o el abuso de poder”, apuntó.

Favoreció que el fiscal escuche lo que gritan desde las gradas, pero dijo que debe tomar una distancia prudente, para ejercer la acción penal de manera cuidadosa y respetando las garantías del debido proceso, en aras de asegurar mayor credibilidad y obtener resultados cónsonos con los valores del Estado de Derecho.

“Dado que entonces se cuenta con medios limitados y que resulta imposible para cualquier sistema penal perseguir todos y cada uno de los crímenes, debemos enfocarnos en perseguir las conductas ilícitas más graves, es decir, aquellas que verdaderamente socavan los valores comunes y afectan bienes jurídicos preponderantes, como son el crimen organizado, los delitos financieros y la corrupción administrativa”, sostuvo.