La Procuraduría General de la República mantiene un hermetismo sepulcral respecto a la investigación que lleva sobre del caso de las expropiaciones de bienes del Estado por un monto que supera los 19 mil millones de pesos, por lo que son investigados decenas de personas, incluyendo al exministro de Hacienda Donald Guerrero y al exadministrador del Banco de Reservas Simón Lizardo.
Cuando se le pregunta a la PGR sobre el curso de la investigación del referido caso, su respuesta es: “Ese caso está reservado”, es decir, que no se puede ofrecer información.
El 24 del pasado mes de agosto, la PGR informó a El Nacional que las investigaciones del proceso que involucra Guerrero iban muy avanzadas, a pesar de ser un caso de múltiples complejidades y que pone de relieve un grave entramado de corrupción, sin embargo, en los últimos días parece estar frenado, lo que ha generado caudal de especulaciones por los intereses que envuelve el caso.
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La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público investigan a estos dos exministro por los tipos penales de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.
Desde febrero del año pasado, las procuradurías de Persecución del Ministerio Público y Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investigan por corrupción esos dos exfuncionarios del pasado gobierno que encabezó Danilo Medina.
Ambos han desfilado en múltiples ocasiones por la Procuraduría General de la República acompañados de sus respectivos abogados, pero hace meses que los mismos no se ven por esos predios, por lo menos por la puerta principal.
Tras batidores se dice que desde el gobierno se trata de buscarle un “bajadero”, con fines políticos, lo que algunos entienden que, de ser así, el presidente Luis Abinader echaría al zafacón la idea que le ha vendido al país de un Ministerio Público independiente.
El entramado de corrupción que alegadamente encabeza Guerrero, utilizaba sociedades comerciales de carpeta, las cuales disolvían desde que lograban su objetivo delictivo y simulaban compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, según la solicitud hecha por el Ministerio Público, en la que se solicita a la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional ordenar al sistema financiero nacional entregar las documentaciones requeridas por el órgano acusador sobre el caso.