La aclaración de que la política de protección de datos que se propone implementar el Poder Judicial no vulnera a la libertad de prensa ni derechos fundamentales no despeja la confusión que se ha creado con la iniciativa.

Al señalarse que con la normativa se pretende minimizar la exposición de datos personales innecesarios en las publicaciones oficiales la Suprema Corte de Justicia no protege, sino que oculta datos que pueden ser muy necesarios.

Al sacar la cabeza en defensa de la iniciativa, el presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, Bernabel Moricete, resaltó que con el proyecto no se vulnera la libertad de prensa ni el libre acceso a la información.

Ese es su parecer o la intención, pero la realidad es que desde que se mutilan informaciones oficiales se están coartando las leyes. El revuelo que la política de protección de datos ha generado en la prensa es para que la normativa sea bien revisada antes de ser aplicada.

Antes que cuestionarse es saludable el interés de proteger la dignidad de las personas, en determinadas ocasiones aguijoneada de la peor manera por el propio Poder Judicial.

Moricete, quien participó en la elaboración del proyecto, insistió en que con la política solo se procura regular el manejo de documentos que tramita el Poder Judicial.

Pero pierde de vista que esos documentos no pueden mutilarse bajo el criterio de considerar irrelevantes determinados datos.