Los argumentos contra la “política de protección de datos del Poder Judicial” han sido tan contundentes, que no dejan otra alternativa que no sea la eliminación de la disposición.
Al ocultar datos que los medios pueden considerar de interés para edificar a la opinión pública, la Suprema Corte de Justicia incurriría en un acto de censura, que contrasta con el derecho a la información.
Es a los medios a los que, conforme a las leyes, compete determinar lo que se debe y no se debe publicar. La Suprema Corte de Justicia ejercería una suerte de gendarmería, como si se tratara de un polémico ministerio, al reservase informaciones que pueden ser de interés públicos.
El problema no es de buenas o malas intenciones, sino de respeto a las leyes que norman un sistema democrático. La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y prestantes juristas han señalado que con la política se intenta imponer restricciones unilaterales que contravienen preceptos constitucionales y legales relacionados con el derecho de los ciudadanos al acceso a la información sobre los procesos judiciales.
Salta a la vista que, como dice la SDD, la decisión fomentaría la opacidad en el sistema judicial, otorgando un exceso de discrecionalidad a las autoridades para ocultar datos claves, lo cual, desde cualquier punto de vista, afectaría la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas.
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En aras del fortalecimiento del sistema democrático la Suprema Corte de Justicia haría un buen aporte renunciando a la nefasta protección de datos.
El Nacional
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