La Antigua Orden Dominicana, fundada en 2012 como grupo patriótico defensor de la identidad dominicana, realiza frecuentes manifestaciones y protestas en contra de la inmigración irregular haitiana, como la marcha que convoca hoy en el barrio Katanga, de Los Mina, en solidaridad con la familia de un joven asesinado por una pareja de haitianos.
El obispo de la Diócesis de Santo Domingo Este, Manuel Ruiz, ha advertido al presidente de esa organización, Ányelo Vásquez sobre el peligro que representa para la seguridad ciudadana que una multitud se aglomere en la callejuela sin salida donde residen los parientes del adolescente ultimado por los extranjeros.
La Constitución de la república ampara el derecho a la protesta pública, con la observancia de trámites administrativos que se viabilizan a través del Ministerio de Interior y Policía, por lo que la Antigua Orden tiene vía expedita para realizar su marcha, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
A lo que no tiene derecho esa entidad cívica es a reemplazar o vulnerar la autoridad que la misma Carta Magna confiere a la Dirección General de Migración de repatriar a extranjeros que residan en el país en condiciones irregulares.
El líder de la Antigua Orden no puede arrogarse autoridad para decretar plazos de salida de extranjeros del territorio dominicano ni de alentar confrontaciones o violencia bajo el pretexto de que se defiende la supervivencia de la nacionalidad, aunque se reconoce su contribución al despertar conciencia ciudadana sobre ese bien patrio.
Es al Ministerio Público al que corresponde apresar y someter a la justicia a los individuos que asesinaron al adolescente en el barrio Katanga y al Poder Judicial imponer la pena condigna ante la gravedad de esa infracción criminal, que en ningún modo puede ser motivo para declarar una cacería migratoria.
La ley obliga a la Dirección de Migración a localizar, apresar y repatriar a indocumentados en base al cumplimiento de protocolos amparados en propio ordenamiento jurídico nacional y convenios internacionales que garantizan respeto u observancia de los derechos humanos.
A lo largo de la historia, el pueblo dominicano ha dado muestras de sobra de patriotismo y determinación en la defensa de la soberanía nacional, por lo que no se requiere que ninguna institución o liderazgo civil pretenda imponer designios basados en la discriminación o la violencia. Ojalá que ese no sea el caso de la Antigua Orden Dominicana.
La Antigua Orden Dominicana, fundada en 2012 como grupo patriótico defensor de la identidad dominicana, realiza frecuentes manifestaciones y protestas en contra de la inmigración irregular haitiana, como la marcha que convoca hoy en el barrio Katanga, de Los Mina, en solidaridad con la familia de un joven asesinado por una pareja de haitianos.
El obispo de la Diócesis de Santo Domingo Este, Manuel Ruiz, ha advertido al presidente de esa organización, Ányelo Vásquez sobre el peligro que representa para la seguridad ciudadana que una multitud se aglomere en la callejuela sin salida donde residen los parientes del adolescente ultimado por los extranjeros.
La Constitución de la república ampara el derecho a la protesta pública, con la observancia de trámites administrativos que se viabilizan a través del Ministerio de Interior y Policía, por lo que la Antigua Orden tiene vía expedita para realizar su marcha, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
A lo que no tiene derecho esa entidad cívica es a reemplazar o vulnerar la autoridad que la misma Carta Magna confiere a la Dirección General de Migración de repatriar a extranjeros que residan en el país en condiciones irregulares.
El líder de la Antigua Orden no puede arrogarse autoridad para decretar plazos de salida de extranjeros del territorio dominicano ni de alentar confrontaciones o violencia bajo el pretexto de que se defiende la supervivencia de la nacionalidad, aunque se reconoce su contribución al despertar conciencia ciudadana sobre ese bien patrio.
Es al Ministerio Público al que corresponde apresar y someter a la justicia a los individuos que asesinaron al adolescente en el barrio Katanga y al Poder Judicial imponer la pena condigna ante la gravedad de esa infracción criminal, que en ningún modo puede ser motivo para declarar una cacería migratoria.
La ley obliga a la Dirección de Migración a localizar, apresar y repatriar a indocumentados en base al cumplimiento de protocolos amparados en propio ordenamiento jurídico nacional y convenios internacionales que garantizan respeto u observancia de los derechos humanos.
A lo largo de la historia, el pueblo dominicano ha dado muestras de sobra de patriotismo y determinación en la defensa de la soberanía nacional, por lo que no se requiere que ninguna institución o liderazgo civil pretenda imponer designios basados en la discriminación o la violencia. Ojalá que ese no sea el caso de la Antigua Orden Dominicana.
El Nacional
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