Porque no se pudo vencer ni convencer y porque la ley establece que un proyecto minero de alto impacto no pueden avanzar si enfrenta una oposición social significativa, el presidente Luis Abinader ordenó ayer la suspensión inmediata del proyecto Romero, en la provincia San Juan.

Ha hecho bien el mandatario en señalar que el rechazo masivo a la intención de explotar ese yacimiento de oro lo hace inviable en las condiciones actuales, además de que la ley 6400 así lo dispone, dado que carece de licencia social y del rechazo de las comunidades insertadas en su entorno.

Ese proyecto cargó con tantas amargas experiencias relacionadas con recetas contractuales, ambientales y sociales gestionadas para legalizar la extracción de oro, plata, cobre, hierro y ferroníquel en la zona minera del Cibao central, la mayoría de las cuales han tenido resultados frustratorios.

Te puede interesar: Abinader detiene proyecto minero Romero ante rechazo popular

Claramente se advirtió que la historia de degradación ambiental, contratos engañosos, tanto para el Estado como para las comunidades asentadas en las áreas de influencia de explotación minera, no debería reeditarse al otro extremo de la cordillera Central, lo que seguramente estuvo entre las motivaciones de la suspensión.

El Presidente ha interpretado el sentir de las comunidades sureñas ante la propuesta de exploración y explotación de ese yacimiento, basado en que afectaría las fuentes acuíferas que sustentan los ríos San Juan, Yaque del Sur y la prensa de Sabaneta.

La minera GoldQuest ha dicho que la técnica de extracción que emplearía sería subterránea por lo que no afectaría las zonas de nacimiento de esos afluentes, pero esas promesas de respeto al medio ambiente fueron expuestas también en las provincias Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, con frustratorios resultados.

No se niega que la economía dominicana saldría beneficiada con la explotación de un yacimiento minero del que se estima posee en su vientre unos cinco millones de onzas de oro, de los cuales se extraerían unos tres millones en una primera etapa, pero también se admite que pesa mucho el abrupto pasado minero de República Dominicana.

Todavía hoy no se tiene claro si el acuerdo entre el Estado dominicano con Barrick Pueblo Viejo, sirve a los intereses nacionales, aunque en los papeles se hace constar que la empresa canadiense aportó el 100 % de la inversión y obviamente el Estado, entregó la mina. El precio ayer de la onza troy de oro se situó en US$4,613.04.

En el caso del yacimiento Romero, no se trataba de intentar vencer a las comunidades de San Juan de la Maguana para imponer su explotación, sino de convencer sobre las bondades económicas del proyecto y de las seguridades de que no afectará sus fuentes de agua, lo que no se ha podido demostrar.