La sentencia absolutoria que favorece los agresores de la periodista Indira Vásquez y el camarógrafo José Manuel de la Cruz, evacuada el viernes por una juez en Santiago, es un precedente negativo para el ejercicio del periodismo de investigación no solo por el descargo sino por sus argumentos.

Los reporteros de Teleuniverso Canal 29 realizaban una investigación el viernes 26 de mayo de 2017 sobre la extracción irregular de materiales del río Bajabonico, en Imbert, Puerto Plata, que degeneró en una agresión física en su contra y robo de cámara por ejecutivos y personal de la empresa extractora.

Vásquez y De la Cruz se querellaron y luego de un proceso de más de dos años para llegar a juicio de fondo, en dos audiencias la semana pasada, la juez descargó penalmente todos los acusados y pronunció una condena civil para un imputado de indemnización de 20 mil pesos para cada víctima.

En su viacrucis judicial, estos trabajadores de la prensa tuvieron que soportar presiones de toda índole porque el dueño de la empresa responsable de extraer los materiales de la fuente acuífera es considerada una poderosa figura de Navarrete con influencias económicas y políticas al más alto nivel.

Esa figura era “improcesable” y estos anónimos lograron sentarla en el banquillo de los acusados, para que al final la juez creara el nuevo tipo cuasi penal de “altercado” o más bien un incidente que le ocurre todos los días a reporteros en su labor, según palabras de la servidora judicial.

Así como fue “un momento desagradable” propio del oficio el suceso con el dueño, su hijo y empleados, escuchar los argumentos “in voce” de la juez al dictar sentencia en el Palacio de Justicia de Santiago fue un episodio de vergüenza para la majestad de la justicia que pareció decisión prefabricada.