En el Gobierno y en el Congreso se expresa un inusitado interés por promover legislaciones con el supuesto propósito de proteger el honor de las personas, castigar la ciberdelincuencia y actualizar la ley de prensa, iniciativas impregnadas de un alto riesgo de restricción a la libertad de expresión.
El primer zarpazo consistió en la presentación ante el Senado de un proyecto de ley orgánica que regula “la protección al derecho a la intimidad, honor, buen nombre y propia imagen”, prerrogativas que están tuteladas en la Constitución y en la ley especial 6132.
Ese adefesio encierra en una gran cárcel de censura a medios de comunicación, periodistas y propios ciudadanos, quienes no podrán referirse a ningún tema de interés colectivo sin contar con la autorización previa de las personas físicas o jurídicas que podrían ser mencionadas.
Esa ley mordaza sólo exime de persecución penal, civil y constitucional a poderes Legislativo, Ejecutivo, Tribunal Judicial, Tribunal Constitucional y Superior Electoral, por lo que el garrote sería usado sobre las cabezas de medios de comunicación, periodistas y ciudadanos ordinarios.
Con la daga de ese despropósito en el cuello sería muy difícil que un periódico, programa de investigación periodística televisivo o radial, de redes o algún ciudadano pueda denunciar o referirse a cualquier caso de corrupción o de violación a la ley perpetrado por funcionarios públicos.
El presidente Luis Abinader ha enviado al Congreso otro proyecto de ley que incrimina la libertad de expresión, al castigar hasta con cuatro años de prisión a quienes emitan a través de las redes algún juicio o expresión que se considere discriminatorio por ideología, color de la piel, género u orientación sexual, etnia o nacionalidad.
No se entienden las razones por las cuales el Ejecutivo pretende igualar ilícitos relacionados con la difamación e injuria, ya tipificados por leyes adjetivas, con los crímenes referidos a la ciberdelincuencia, tales como el hackeo o robo de identidades.
Como si fuera poco el consultor jurídico del Poder Ejecutivo anuncia la intención de su despacho de “recoger” en un único proyecto todos los desatinos contra la libertad de prensa que se anidan en litorales congresuales y políticos. Sólo queda preguntar: ¿Qué pasa?.
