Que quede claro

El presidente de la Cámara de Diputados de Haití ha revelado que una comisión del Senado de Estados Unidos denunciará ante el presidente Barack Obama que la sentencia del Tribunal Constitucional niega la nacionalidad a miles de hijos de haitianos indocumentados, por lo que aconseja al Gobierno afrontar cuanto antes el problema para evitar que la imagen del país resulte afectada en todo el mundo.

Aunque disfrazado de un sano consejo, lo dicho por el legislador Juan Tholbert Alexis constituye una inaceptable amenaza que obviamente debe ser rechazada bajo el criterio de que ningún gobierno extranjero tiene calidad para enjuiciar el contenido de una decisión emitida por un órgano jurisdiccional legítimo del Estado dominicano.

Apoderar al Senado estadounidense de un asunto que puede ser discutido por Haití y República Dominicana en un ambiente de respeto y mutua consideración, no es compatible con el deseo externado por el propio presidente de los diputados haitianos, de que se procure profundizar buenas relaciones entre ambas naciones.

El presidente Danilo Medina ha dicho y reiterado que su gobierno cumplirá con el mandato de esa sentencia, con estricto apego a los derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la regularización de la situación migratoria de las personas que resulten afectadas por ese fallo.

Si lo revelado por Tholbert Alexis, sobre diligencias que se realizan en Washington para promover sanciones contra República Dominicana, tienen alguna dosis de amenaza, debería quedar bien claro que el Gobierno defenderá a toda costa su fuero soberano y su derecho a establecer regulaciones sobre nacionalidad e inmigración.

Tiene razón el legislador haitiano al señalar que “Haití y Dominicana son naciones con culturas, idiomas, leyes y territorio diferentes, que nunca podrían fusionarse”. Solo le faltó decir que ambos Estados, al menos el asentado sobre el lado este de la isla, son absolutamente soberanos y que no aceptan directrices imperiales.

Ante las afirmaciones de ese Tholbert Alexis, de que se procura ejercer presiones sobre la Casa Blanca para que censure a Santo Domingo por una sentencia pronunciada por su Tribunal Constitucional, convendría que la Cancillería y su embajada en Washington encaminen diligencias para frustrar tales despropósitos.

Es pertinente advertirle al presidente de los diputados haitianos, y con él a todos los interesados, que República Dominicana es y seguirá siendo una nación democrática, solidaria, progresista, respetuosa de los derechos humanos, pero intransigente en la defensa de su soberanía y autodeterminación. Que quede claro.