Escándalo para aclararse.-
Los incidentes en la Cámara Penal de La Romana en el proceso contra otro recluso acusado de lavado de activos demandan una exhaustiva investigación sobre la administración de justicia en la provincia. Son muchos los conflictos de que se han dado cuenta sin que se conozca ninguna investigación de la Procuraduría General de la República ni la Suprema Corte de Justicia para establecer responsabilidades.
Juan Tomás Richiez Ditrén, imputado por lavado de activos, tendría meses en prisión sin que se le haya conocido medida de coerción. Por un supuesto choque con la fiscal Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, el prevenido, según sus abogados, ha sido trasladado de recintos penitenciarios de manera irregular.
El último episodio de que ha sido víctima Richiez Ditrén, según los abogados Salvador Catrain y Francisco Manzano, ha sido la inhibición del juez Carlos Peña Martínez de una acción de amparo interpuesta contra la fiscal Rodríguez Cedeño. Los juristas aducen que la decisión del magistrado se debió a las alegadas presiones de la representante del Ministerio Público, de quien dicen que ejerce un control absoluto sobre el sistema de justicia en La Romana.
La denuncia de que el recluso lleva nueve meses en prisión sin medida de coerción demanda de por sí una investigación, que es más urgente con los frecuentes conflictos que afectan el sistema judicial en la provincia. Con un Poder Judicial tan cuestionado abusos como los denunciados en La Romana ensombrecen más su imagen.
