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Allanamientos en discotecas por parte del PGD de Santo Domingo. Jorge Gonzalez


 

En la persecución del presunto capo César Emilio Peralta (César el Abusador), la Procuraduría General de la República tiene por delante otra nueva tarea: identificar a los oficiales que según el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico eran sobornados por el cabecilla de la poderosa red de narcotráfico para operar con la más absoluta impunidad.

El documento remitido a las autoridades dominicanas señala que Peralta, quien estaría en el negocio del narcotráfico desde 1997, pagaba para evitar su arresto, enjuiciamiento y la incautación de cargamentos de drogas.

La versión alimenta las especulaciones en el sentido de que el día del operativo en que fueron allanados y cerrados varios de sus negocios, Peralta fue avisado desde algún organismo oficial para que se pusiera a buen resguardo. Más adelante trascendió que dos coroneles eran investigados sobre la supuesta filtración al presunto jefe de la red de narcotráfico.

Además de capturar a Peralta es obvio que el Ministerio Público tendrá también que determinar la versión sobre el soborno a oficiales a cambio de protección.

En vista de que el expediente sobre las operaciones del presunto narco fue suministrado por Estados Unidos la versión sobre los pagos y hasta la propia fuga de Peralta, a pesar del seguimiento que dijo el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) le daba desde hacía unos cinco años, cobra más veracidad.